Una nueva tragedia enluta al país tras la masacre de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad.
Las investigaciones preliminares apuntan a que organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal están detrás de este crimen, en medio de una violenta disputa por el control de recursos y territorios.
De acuerdo con Javier Aliaga Giraldo, experto en Relaciones Comunitarias y Resolución de Conflictos y CEO de Grupo Diálogo Consultores, este episodio no es un hecho aislado, sino la confirmación de que “el Perú enfrenta serios desafíos en cuanto a la aplicación de la ley y la protección del derecho a la vida”. Aliaga señala que las bandas criminales, aprovechando la debilidad institucional, han impuesto condiciones de temor y violencia en varias comunidades.
El analista también es crítico respecto a los resultados del proceso de formalización minera en el país. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado para regularizar la minería artesanal e informal, ha terminado siendo —según sus observaciones— poco eficaz, permitiendo que muchos operadores informales operen bajo un marco legal indefinido. Como consecuencia, más de medio millón de peruanos que dependen de la minería artesanal siguen sin protección efectiva, lo que favorece la proliferación de actividades fuera de la ley y la inseguridad.
Según el especialista, la supervisión estatal resulta muy limitada. Esta falta de alcance propicia escenarios propensos a tragedias como la de Pataz. Por ello, se demanda una estrategia renovada y acciones decididas frente al crimen. “La gravedad del momento exige liderazgo concreto y un enfoque renovado. No sirven los discursos vacíos ni las emergencias de escritorio”, sentencia Aliaga.
Frente a esta situación, se plantea la necesidad de que el Congreso asuma la responsabilidad de reformar las leyes y tipificar a estas organizaciones criminales como grupos terroristas. Se considera que no es suficiente declarar estados de emergencia o realizar anuncios si no se acompaña de medidas eficaces y de una real coordinación entre los gobiernos regionales y nacionales.
La masacre de Pataz debe servir de advertencia para todo el país, señala el analista. “Pataz no es solo el escenario de una tragedia reciente; es una advertencia de lo que puede repetirse en otras partes del Perú si no se actúa con firmeza y decisión”.
En tal sentido, hace un llamado urgente a las autoridades del Poder Ejecutivo y al Congreso para dejar de lado las diferencias políticas y dictar normas necesarias que permitan sancionar ejemplarmente a quienes perpetran estos delitos.
(*) Experto en Resolución de Conflictos CEO de GDC.
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