Suele aludirse a un mercado persa cuando en un entorno abunda el caos, el bullicio y la ausencia de reglas, donde el desorden, el ruido y el regateo entre ofertantes y compradores es intenso, agresivo y carente de normas. Al trasladarse dicho concepto a la política, se implican acciones de corrupción e intercambio de favores de todo tipo, incluso sexuales.
Sin embargo, esa alusión resulta deficiente para describir nuestra política. En el Perú existe un modelo de mercado que refleja mejor nuestra surrealista realidad: Tacora, tristemente célebre centro de comercio ambulatorio en La Victoria, “la rica Vicky”. No es el único: Lima también alberga focos delictivos como Azángaro y sus falsificaciones, “la 50” en el Cono Norte, los celulares de las Malvinas, la prostitución en el jirón Zepita y en Lince.
En “Tacora” o “Tacorita”, como se le llama con ironía, se ofrece de todo: autopartes, materiales de construcción, electrodomésticos, productos alimenticios, ropa, calzado, medicinas y artículos de belleza. Todos exhibidos en plásticos tendidos en el suelo, con una característica común: son robados, falsificados, de procedencia ilícita o usados. Las transacciones se realizan en efectivo, máximo aceptan yape, sin créditos y a precios bajos.
Este mercado “cholizambo” también incluye servicios “profesionales”: falsificación de documentos mediante notarios “bamba”, sicarios a precios módicos, equipos de seguridad para desalojos violentos, agresores por encargo, hackers, vendedores de celulares manchados de sangre, curanderos y hechiceros, además de prostitución y drogas.
Desde el punto de vista legal, Tacora concentra delitos contra el patrimonio, la propiedad industrial e intelectual, la vida y la salud, la fe pública, la trata de personas y el proxenetismo. Todo ocurre a la luz del día, con impunidad garantizada por el silencio cómplice de fiscales, policías y autoridades municipales.
El símil con la política es inevitable. Los ofertantes de productos bamba tienen su equivalente en el Congreso, el mayor mercado delincuencial de la República. Allí se aprueban leyes que favorecen a mineros ilegales, narcotraficantes, traficantes de terrenos, transnacionales corruptas como Odebrecht, monopolios y oligopolios nacionales y extranjeros. Son los proveedores todopoderosos de artículos ilícitos disfrazados de normas que benefician a unos pocos y perjudican al pueblo. La calidad humana del Congreso, mayoritariamente, es deplorable.
Lo mismo ocurre en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y autoridades regionales y municipales, plagadas de funcionarios corruptos y prevaricadores que se encubren entre sí como lobos en jauría.
¿Existe diferencia entre Tacora y nuestra política? Sí: la transparencia. En Tacora los delitos se cometen abiertamente, compradores y vendedores son responsables de receptación. En la política, en cambio, las acciones criminales se ocultan, aunque se perciben en los resultados injustos y en los signos exteriores de riqueza de congresistas y autoridades. Tras breves periodos en el poder, muchos acumulan bienes fruto de corrupción, cohecho, colusión y concusión. La coincidencia con Tacora está en la impunidad.
Si queremos “destacorizar” nuestra política, las próximas elecciones son una oportunidad. Es imperativo que los electores invirtamos tiempo en analizar propuestas éticas que representen una auténtica posibilidad de cambio en beneficio del Perú.
(*) Presidente de Aprosec
