“La política está judicializada”

• Mario Amoretti explicó que, en caso de que se dé la vacancia, asumida la presidencia por el titular del Congreso, tienen cuatro meses para convocar a elecciones generales y lo dice la Constitución. Ve poco probable que los congresistas decidan dejar sus cargos.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

El abogado penalista Mario Amoretti, en entrevista con nuestro canal digital La Noticia Perú, afirma que la política está judicializada en el país y uno de los casos emblemáticos de esta situación es el de Martín Vizcarra. Además, ve poco probable que en el Congreso se logre la vacancia de la mandataria Dina Boluarte por el caso de los Rolex.

Desde el Ejecutivo han señalado que el allanamiento a la casa de la presidenta ha sido desproporcionado y hasta inconstitucional. ¿Usted también lo ve así?

No, porque el Código Procesal Penal regula la incautación y el allanamiento en los casos siguientes: cuando el fiscal solicita a cualquier persona que es objeto de investigación para que exhiba un documento que sirva como instrumento, en este caso los relojes, vencido el plazo, la persona investigada no cumple con hacerlo, el código señala expresamente que el fiscal puede recurrir al juez para un allanamiento y descerraje por ser una diligencia necesaria, urgente e indispensable.

¿Es tan fácil conseguir una orden de allanamiento para la casa de un presidente en funciones?

No es tan difícil porque se hace a diario, se presenta la resolución, se acreditan los documentos y el juez sin consultar a nadie dispone de una resolución si considera que de acuerdo con la documentación y las pruebas que se han acopiado, procede el allanamiento e incautación de bienes y hasta inclusive el descerraje lo hace de inmediato.

El premier ha señalado que esto demuestra que la política está judicializada…

Indudablemente que la política está judicializada, pero quienes la judicializan son los políticos. En este caso, quien ha dado lugar a que esta situación se presente así es nada menos que la misma presidenta.

Esto genera una nueva crisis y en el Congreso una moción de vacancia.

No veo posible la vacancia, por una razón muy sencilla, el Congreso o al menos un buen grupo de congresistas no puede dejar el cargo hasta el 2026 puesto que a ellos les interesa más su bolsillo que el país y esto lo digo por lo siguiente, porque producida la vacancia y asumida la presidencia por el titular del Congreso tienen cuatro meses para convocar elecciones generales y lo dice la Constitución.

Hay iniciativas de una reorganización total del Ministerio Público. ¿Usted ve necesario esto y, de ser así, quiénes deberían hacerla?

No la tienen que hacer los congresistas ni el Ejecutivo. Hay dos proyectos, uno del Ejecutivo y otro del Congreso. Yo he escrito una obra sobre la reforma judicial en el 2008 y se está repitiendo lo mismo que ocurrió en ese año, han pasado 16 años y se repiten los argumentos. Esta reforma la debe hacer gente que tenga solvencia moral e intelectual y, sobre todo, que esté representada, por ejemplo, por las universidades públicas o privadas, Colegio de Abogados, con la finalidad de que se seleccione gente que sea capaz.

El Ministerio Público está cuestionado, sobre todo en los últimos meses, por una presunta injerencia de IDL, directamente de Gustavo Gorriti.

Esto es ampliamente conocido por la forma como se ha venido desarrollando la investigación para unas personas comprometidas, desde el punto de vista político, y para otros no. Vemos que algunos procesos son dilatados en el caso Lava Jato, son ocho años, en el caso de Susana Villarán también y ahora no tenemos ningún resultado, pese al tiempo que ha transcurrido.

¿Cómo es que una persona como Gustavo Gorriti logra tener tanta injerencia en el Ministerio Público?

Uno de los índices que nos lleva a esta situación es el de una denuncia contra tal o cual persona relacionada con la administración de justicia, conseguían su objetivo de sacarlo y colocaban a su gente. Por ello el doctor Manuel Vicente Villarán, reconocido jurista del siglo pasado, decía lo siguiente: que aquí los políticos antes de dejar el poder eligen a sus jueces para que les cuiden las espaldas cuando ellos se vayan y no sean procesados.

¿Esto ocurre en la actualidad?

Por supuesto, lo estamos viendo con la Junta Nacional de Justicia (JNJ). ¿Qué ha hecho la JNJ después de que la eligieron en el gobierno de Vizcarra? No ha hecho nada. El caso de Vizcarra es uno de los casos más emblemáticos para efectos de llegar a esta exposición de que la política está involucrada en el sistema judicial.

VE COMPLICADO EL PANORAMA PARA LA PRESIDENTA

Mario Amoretti sostiene que el panorama de la presidenta Dina Boluarte por el caso de los relojes Rolex “es muy delicado porque, al no presentar los relojes, estaría ante un nuevo presunto delito, el de encubrimiento real”. Además, señaló que no hubo una inusual rapidez en las diligencias contra la vivienda de la mandataria.

“Esto fue denunciado en los medios de comunicación el 14 de marzo, el fiscal debió haber intervenido el 15 para iniciar las investigaciones, recién lo hizo el día 18 y se le requiere a Boluarte para que preste su declaración indagatoria y el allanamiento se lleva a cabo recién el 29 de marzo, de tal manera de que no hay rapidez”, dijo.