La denuncia para ilegalizar a Fuerza Popular es, hasta el momento, la más legítima razón para destituir a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. La suspensión que pesa sobre ella –en tanto investigada por el desacato grosero a cumplir con las resoluciones y normas legales– se ha tornado en un asunto menor. Porque utilizar a la fiscalía para interferir en la escena electoral, afectando a un partido con representación parlamentaria y peso en la política nacional, constituye una arbitrariedad mayúscula, que carece de todo parangón. La democracia peruana jamás debiera permitir despotismos de este tipo.
¡Bajo ninguna circunstancia! Ni darle trámite siquiera, para que no ganen tribuna ni se vuelvan precedentes. Vacilar y no cortar de cuajo y de inmediato semejante osadía es consentir que los entes jurisdiccionales sigan injiriendo en la vida política del país. Incluso que utilicen las investigaciones y sentencias para impedir que los incómodos participen en las justas electorales. Mucho tiempo las representaciones democráticas de la Nación toleraron los desmanes de seudofiscales y jueces altamente politizados. El país dejó que se autoestimen y comporten como si fueran el primer poder del Estado, recurriendo a falsas teorías que colocan lo jurisdiccional por encima de la política democrática.
Por eso, agravian con saña a las autoridades que provienen del voto popular, zurrándose en sus fueros establecidos por la Constitución. Esta degeneración institucional camina a erigir una juristocracia sobre los escombros de la república democrática. Es decir, un espurio gobierno de jueces y fiscales en reemplazo del régimen político nacido de la voluntad ciudadana. Ya no comicios populares, libres ni transparentes, sino la nominación amical, amañada, con exámenes fofos y entrevistas arregladas. Y a esta farsa llaman ¿meritocracia? ¡Mentira total! Salvo excepciones honrosas, gran número de jueces y fiscales son burócratas inescrupulosos, sin calidad académica ni profesional.
Resulta penoso que la suerte de quienes demandan justicia se juegue en este ambiente deletéreo. Por estas razones, ya es hora de poner fin a esta deriva cancerígena que está erosionando la mejor tradición republicana. La destitución de la fiscal de la Nación debe ejemplificar la voluntad democrática de acabar para siempre con la dictadura de la toga. Para decirlo en lenguaje deportivo: ¡Nunca más árbitros que definan los partidos de fútbol! ¡Que el juego fluya limpio y gane realmente el mejor! Solo así el espectáculo será grandioso y digno. Confiamos de todo corazón en que Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, quien reúne las mejores credenciales éticas y profesionales, además de ser víctima de estos abusos y estropicios, inicie el ciclo de recuperación moral e institucional del Ministerio Público, que deje atrás las tinieblas. ¡El Perú lo requiere con urgencia!.
(*) Abogado constitucionalista.
