La libertad de empresa y la libertad de trabajo: agentes activos del desarrollo nacional

Desde que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue oficialmente aprobada por la ONU, el derecho a la Libertad de Trabajo en cualquier parte del mundo se ha asumido como un derecho inalienable de todo ser humano. Posteriormente, y como lógica consecuencia, los diversos gobiernos democráticos en todo el planeta han asumido en sus ordenamientos legales nacionales que el derecho a la libertad de empresa y a la apertura y funcionamiento de empresas privadas es asimismo un derecho emblemático y que no puede ser limitado más que por la defensa de los intereses supremos del Estado y sus ciudadanos.

No obstante ello, las diversas corrientes ideológicas que se han suscitado a lo largo de los años han atacado directamente la expansión de los negocios empresariales que han crecido ya no solo a nivel de países sino que se han diversificado y globalizado. Estas ideologías han apuntado todos sus dardos a indicar que el capitalismo global en el que actúa la libertad de empresa termina por ser un mal innecesario ya que afecta no solo a las políticas nacionales, sino a los intereses de los ciudadanos de muchos países. Obviamente esto sigue siendo el resabio de antiguos y caducos postulados políticos marxistas-leninistas-maoístas, los mismos que hasta en la República Popular China ya no se interpretan en el mismo sentido: pues nadie puede decir actualmente que los Chinos no negocian en el mercado internacional toda su enorme diversidad productiva como verdaderos capitalistas.

Así las cosas, el quid del asunto en un Perú que sigue estando gravemente golpeado por la pandemia del COVID-19 y que ha motivado un enorme desempleo en todos los sectores, pasa por tener que recordar una vez más que las empresas y los negocios privados son los principales promotores, dos de los principales remos del desarrollo nacional. Y que pese a todos los cuestionamientos que se les pueda hacer, sin empresas ni negocios privados consolidados en todas las ramas de las actividades económicas y que puedan desarrollar sus actividades sin excesivos controles ni una ineficiente burocracia estatal que los limiten, no solo son los mejores generadores de empleo productivo sino que además colaboran al desarrollo de la economía del país.

Por lo tanto, proponer que el Estado vuelva a asumir un rol no solo regulador y controlador sino además de ser otra vez Agente Activo como empresario, equivale a echar una vez más un enorme ancla al desarrollo económico. No olvidemos que las diversas experiencias empresariales del Estado Peruano en las décadas de los Setenta y Ochenta terminaron en lamentables fracasos. Dejemos entonces al sector privado hacer lo que mejor sabe hacer.

(*) Abogado – Árbitro de Derecho

(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.