Hace pocos días nos enteramos de que Alejandro Sánchez, dueño de la casa del Jirón Sarratea en Breña, donde el expresidente Pedro Castillo organizaba sus fechorías junto a su banda criminal, fue detenido en los Estados Unidos luego de un año de fuga.
Lo paradójico fue que su pasaporte contaba con visa norteamericana. Si fue encarcelado fue porque en su pasaporte Sánchez no tenía sello de partida de migraciones ni de Perú, ni de México donde aparentemente permaneció escondido muchos meses antes de llegar a Texas.
Cuando Alejandro Sánchez llega al aeropuerto estadounidense su pasaporte estaba incompleto sin sello ni registro de salida del país anterior donde estuvo. La ley en EEUU es muy estricta, se considera esto un hecho gravemente ilegal, tanto así, que existe una cárcel especial para visitantes ilegales. Consecuentemente, lo que corresponde es su expulsión, y no un proceso de extradición, que además es largo y demasiado formalista, aunque no por eso deja de ser justo. Recordemos la extradición del expresidente Alejandro Toledo de Estados Unidos al Perú, demoró 6 años, pero finalmente la justicia de ese país, respetando el debido proceso y la defensa del requerido, falló a favor del Estado peruano.
En el caso de Alejandro Sánchez, nadie tiene duda que el proceso a seguir no será el de la extensa extradición, sino más bien el de la expulsión del país a donde ingresó de manera ilegal. No obstante, la duda está si Estados Unidos lo expulsará a México (donde estuvo anteriormente) o al Perú, donde se le sigue un proceso penal por graves delitos: organización criminal, colusión desleal y tráfico de influencias junto al expresidente Pedro Castillo y sus cómplices.
Modestamente, y en base a mi experiencia no solo legal, sino también procesal al haber sido durante tres años abogado de la Procuraduría y justamente jefe de extradiciones de dicha entidad, encargado de haber extraditado al expresidente Alberto Fujimori de Chile al Perú, y a otros fugados con éxito, que la pulseada y el manejo de este caso, la tiene nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Canciller Ana Gervasi, y nuestro cuerpo diplomático debe hilar muy fino para hacerle entender a la diplomacia norteamericana, en especial, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, que el proceso que lleva Alejandro Sánchez en el Perú es de la justicia ordinaria, y que los delitos graves imputados son comunes y no políticos. Contra este delincuente no existe ninguna persecución política, sino una debida investigación fiscal y judicial por haber pertenecido a la organización criminal de Pedro Castillo. Su huida del país obedeció a evadir la acción de la justicia y por lo tanto Estados Unidos debe expulsarlo al Perú y no a México, donde además el gobierno socialista de Andrés Manuel López Obrador lo protegería dolosamente como hace con la esposa de Pedro Castillo.
Hay que acordarse de que Vladimiro Montesinos fue expulsado de Venezuela al Perú en junio de 2001, pese a que antes de estar en ese país, se habría refugiado en otro territorio vecino al nuestro de donde se escapó primigeniamente.
(*) Exvicepresidente de la República
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