La iglesia de Chicago desenmascara a falsos denunciantes de abusos ¿el Perú para cuándo?

La Archidiócesis de Chicago ha dado un paso sin precedentes al presentar una contrademanda contra siete personas acusadas de orquestar denuncias fraudulentas de abuso sexual clerical, según un artículo publicado el 8 de abril de 2025 en Infovaticana. La demanda alega que al menos 30 individuos, algunos con antecedentes delictivos y vínculos entre sí, habrían conspirado para fabricar acusaciones contra sacerdotes con el objetivo de obtener compensaciones económicas. Este caso pone en el centro del debate un problema delicado: las denuncias falsas, que no solo afectan la credibilidad de las víctimas reales, sino que también erosionan la confianza en las instituciones eclesiásticas. Pero esta situación no es exclusiva de Chicago; en el Perú y otros países de América Latina, casos similares están generando cuestionamientos sobre cómo se manejan las acusaciones de abuso y el impacto de denunciantes anónimos en la justicia y la verdad.

En Chicago, la archidiócesis sostiene que los acusados formaban parte de una red organizada que compartía información, redactaba cartas y conectaba a denunciantes con abogados dispuestos a negociar acuerdos económicos, incluso en casos dudosos. La investigación incluyó el análisis de miles de horas de conversaciones grabadas que revelaron este supuesto esquema. Este caso resalta un dilema ético: las denuncias falsas pueden desviar recursos y atención de quienes verdaderamente han sufrido. Como se menciona en el artículo, pagar indemnizaciones sin un juicio previo en la justicia ordinaria puede incentivar acusaciones oportunistas, un problema que trasciende fronteras.

En el Perú, este fenómeno también ha encontrado eco. La Iglesia Católica peruana enfrenta una crisis de credibilidad agravada por casos de abuso reales y acusaciones cuestionables. Un ejemplo emblemático es el del cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo emérito de Lima, quien fue “sancionado” por el Vaticano en 2019 tras una denuncia anónima presentada en 2018 por presunto abuso sexual en 1983. Según informes de Infobae y Vatican News, Cipriani fue obligado a dejar el Perú, limitar su ministerio y abstenerse de usar insignias cardenalicias, sin que se realizara un proceso canónico formal. Él ha negado categóricamente las acusaciones, afirmando que no tuvo acceso a la documentación completa y que se le pidió guardar silencio. La falta de transparencia en este caso, sumada al anonimato del denunciante, ha generado que muchos veamos las sanciones como una injusticia motivada por intereses internos en la Iglesia peruana.

Por otro lado, la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana por el Vaticano, ha intensificado el escrutinio sobre cómo se gestionan estas denuncias. El papel de personajes turbios y cuestionados como Jordi Bertomeu echa tierra sobre el proceso. En otros países de la región, como Chile y Argentina, también han surgido casos de acusaciones que, en algunos casos, han resultado falsas o no han prosperado judicialmente, como lo documenta BishopAccountability.org sobre clérigos chilenos.

La pregunta es: ¿para cuándo una respuesta clara en el Perú y la región, similar a la de Chicago? La acción de la Archidiócesis de Chicago busca establecer un precedente al exigir responsabilidad a quienes presentan denuncias fraudulentas, protegiendo tanto a las víctimas reales como a la institución. Por otro lado, existe también en el Perú una red de delincuentes, periodistas y oenegés detrás de muchas denuncias, que hasta han generado libros de dudosa factura y costoso financiamiento. Varios de los más encumbrados denunciantes están investigados en la fiscalía por diversos delitos.

La proliferación de denunciantes anónimos, como en el caso de Cipriani, plantea un desafío adicional. Si bien el anonimato puede proteger a las víctimas, también puede ser explotado para calumnias sin consecuencias, como se teme en Chicago.

Entonces ¿qué falta para que el Perú enfrente este problema como Chicago?

(*) Analista político.

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