Desde diciembre de 2022, Perú transita bajo un modelo de estabilidad artificial. La permanencia de Dina Boluarte como presidenta del país, sostenida por una coalición de intereses políticos, económicos y mediáticos, ha resultado económicamente funcional para algunos, pero profundamente lesiva para el Estado y para la gran mayoría de peruanos. Su mandato, carente de legitimidad social y capacidad ejecutiva, ha generado un vacío de gobernabilidad que hoy es cubierto por redes criminales transnacionales y mafias locales con total impunidad.
La narrativa del “mal menor” utilizada por bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, APP y Perú Libre para justificar el apoyo a Boluarte —incluso frente a denuncias graves de corrupción, incapacidad, frivolidad y continuas mentiras en el ejercicio de su función— han debilitado severamente el equilibrio institucional. No se trató de preservar el orden democrático, sino de preservar cuotas de poder a cambio de una lealtad legislativa, Boluarte ofreció una presidencia dócil, sin agenda propia ni capacidad de reforma. En esa simbiosis, la democracia perdió su esencia representativa.
El costo es altísimo: una escalada sin precedentes del crimen transnacional organizado —con el Tren de Aragua como actor visible y el empoderamiento de cárteles del narcotráfico— y un Estado que, en la práctica, ha perdido el monopolio de la seguridad en regiones claves. La incompetencia del Ejecutivo, más allá de medidas reactivas como los estados de emergencia, no existe política, estrategia ni plan integral contra el crimen. Todo esto, desde una perspectiva de inteligencia, representa un factor de descomposición sistémica generalizado.
En paralelo, la institucionalidad se erosiona: el Ministerio Público enfrentado contra el Ejecutivo, ignora y desacata las leyes dictadas por el Congreso convirtiéndose en un actor político que solo defiende sus cuotas de poder y su agenda ideológica mientras disfraza sus pasivos de corrupción; el vacío de poder extiende la corrupción hacia la gran mayoría de organismos del Estado que ejecuta presupuestos sin control, proyectos y obras públicas se paralizan, mientras medios de comunicación dominantes han optado por una cobertura complaciente o evasiva, minimizando la gravedad del deterioro. Así, el relato oficial ha desplazado a la realidad: para ellos la ficción de la gobernabilidad ha sido más útil que la verdad del colapso funcional.
¿Vacar a Boluarte hoy?; si el Congreso tuviera visión estratégica, impulsaría una transición ordenada con garantías mínimas, no solo para reemplazar a Boluarte, sino para reencauzar al país, porque seguir aplazando el costo del relevo solo fortalece al caos.
El Perú está pagando muy caro el precio de una “estabilidad ficticia”. Ahora debe decidir si acepta otro año de desgobierno mientras el crimen se expande y la ciudadanía se desconecta del sistema político.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).
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