Uno de los delitos que más se ha expandido es la extorsión, que ha mutado desde prácticas focalizadas hacia un sistema casi generalizado en ciertos rubros como transporte, construcción, comercio minorista y pequeñas empresas. El mecanismo es perverso: amenazas directas, mensajes intimidatorios y, en los casos más graves, asesinatos de quienes se niegan a pagar.
Muchos empresarios y emprendedores terminan pagando “cupos” no por complicidad, sino por supervivencia. El resultado es que el delito se normaliza como un costo más de operación, del mismo modo que se paga alquiler, impuestos o servicios. La economía informal y la criminal se entrelazan peligrosamente.
Este pago sistemático a extorsionadores produce un efecto económico más amplio: el traslado del costo criminal al consumidor final. Cuando un comerciante paga para no ser atacado, ese dinero no sale únicamente de su margen personal, sino que se incorpora al precio de los productos y servicios. De este modo, la extorsión alimenta un circuito económico paralelo que presiona al alza los precios y contribuye a dinámicas inflacionarias locales, especialmente en mercados populares.
La extorsión, sin embargo, es solo una pieza de un engranaje mayor donde convergen otras economías ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal y la tala ilegal. Estas actividades movilizan grandes sumas de dinero, corrompen autoridades, capturan territorios y crean cadenas de valor que incluyen transporte, logística, lavado de activos y protección armada.
En algunas zonas del país, estas economías ilegales ofrecen empleo, crédito y “orden” donde el Estado es débil o está ausente. El problema es que ese “orden” se basa en violencia, coerción y destrucción ambiental. La frontera entre economía formal e ilegal se vuelve difusa, debilitando la institucionalidad.
La sensación de que “las autoridades no pueden hacer nada” nace de la brecha entre anuncios políticos y resultados visibles en la vida diaria. La Policía y el sistema de justicia enfrentan limitaciones de recursos, coordinación, inteligencia y control de la corrupción interna. Mientras tanto, las redes criminales se adaptan, se fragmentan y se reconfiguran con rapidez. Esta asimetría refuerza la percepción de pérdida de control y erosiona la confianza ciudadana en el Estado. Sin confianza, la denuncia disminuye y el silencio favorece al delito. La crisis de seguridad ciudadana en el Perú, por tanto, no es solo un problema de orden público, sino un fenómeno estructural donde crimen, economía y debilidad institucional se retroalimentan.
Cuando la violencia se convierte en un regulador informal de actividades económicas, el tejido social se resiente y la legalidad pierde legitimidad. Recuperar el control implica no solo más represión del delito, sino reconstrucción de confianza, presencia efectiva del Estado en los territorios, protección real a denunciantes y ruptura de las cadenas financieras de las economías ilegales. De lo contrario, el riesgo es que la criminalidad continúe consolidándose como un actor económico de facto. Y en ese escenario, la sociedad entera termina pagando el costo.
(*) Presidente de APROSEC.
