El Perú tuvo la gran oportunidad de ser el primer país en destapar a nivel mundial el caso Odebrecht y, de alguna manera, reivindicarse con una muestra de voluntad de enmienda respecto a la investigación, castigo y prevención de la corrupción. Y no encubrimiento ni complicidad. El 2 de noviembre de 2015 se instaló en el Congreso la primera Comisión Lava Jato, presidida por Juan Pari, quien en junio del 2016 —luego de una minuciosa investigación— presentó un informe de 650 páginas sobre claros indicios de corrupción. Sin embargo, parlamentarios humalistas, apristas, fujimoristas y toledistas le pusieron trabas y todo quedó en nada.
Fue recién en diciembre del 2016, seis meses después, cuando Marcelo Odebrecht confesó ante la justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos por un total de US$788 millones en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Perú. Recién entonces las autoridades y políticos peruanos, quienes habían minimizado y tirado al tacho el informe Pari, pusieron el grito en el cielo, se rasgaron las vestiduras y exigieron una profunda investigación. En el 2017, el abogado de Odrebrecht, Rodrigo Tacla, reveló que “la constructora sobornó a más de 1,000 personas en el mundo”, entre ellas varios presidentes.
Entonces, no era poca cosa lo que había encontrado Juan Pari, quien tras presentar su informe pidió levantar el secreto bancario a algunos de los involucrados, pero recibió el rotundo rechazo de ciertos congresistas. Ahora sabemos las razones.
Según el último reporte global (2022) de Transparencia Internacional, Perú ocupa el puesto 36 en la lista de países más corruptos. “En Honduras (23 puntos), Guatemala (24) y Perú (36), la evidencia sugiere que los delincuentes organizados ejercen una fuerte influencia sobre los candidatos y políticos, financian campañas electorales o incluso se postulan para cargos públicos”, se afirmaba en dicho informe. Sin embargo, sorprende esa ubicación de Perú porque no hay otro país en el mundo donde haya tantos presidentes presos o investigados por corrupción.
Muchos dicen que Alberto Fujimori no fue condenado por corrupción, pero eso no es falso. Si bien su mayor condena, 25 años de cárcel, fue por violación de los derechos humanos, tuvo otras sentencias y entre ellas hay una por peculado (7 años y 6 meses de prisión), por la entrega de US$15 millones a Vladimiro Montesinos. Ocurre que el sistema judicial peruano no suma las sentencias, sino que impone la que tiene más años de prisión. Sin embargo, el caso Odebrecht es harina de otro costal. Mañana continuamos. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
