La telaraña de la corrupción que tejió Odebrecht en el Perú fue tan grande y bien estructurada, que desde que empezó el siglo XXI, salvo Alberto Fujimori —en prisión por otros hechos—, todos los presidentes electos en las urnas están en la cárcel, enfrentan procesos judiciales y/o son o fueron investigados por presuntos delitos de corrupción relacionados con la mafiosa constructora brasileña.
Hay que aclarar aquí que corrupción es un término genérico que abarca los delitos de abuso de autoridad, cobro indebido, cohecho, colusión, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero malversación de fondos, negociación incompatible, nombramiento o aceptación ilegal de cargo, organización criminal, patrocinio ilegal, peculado y/o tráfico de influencias, según se indica en la plataforma digital única del Estado peruano.
En dicho portal dice bien claro que, “puesto que los delitos de corrupción afectan a la sociedad en su conjunto, todo ciudadano está legitimado para denunciarlos”. Esa invocación resulta irónica y hasta ridícula, pues si no le hicieron caso a Juan Pari cuando, desde sus fueros como congresista de la República y con sus conocimientos de economista, investigó y denunció por primera vez las fechorías de Odebrecht y la corrupción en varios gobiernos, ¿cómo van a tener en cuenta la denuncia de un ciudadano de a pie? ¿Cómo se podrá luchar contra la corrupción si los que están en el poder se apañan, se encubren y se blindan entre ellos? ¿Cómo, si la política suele ser una feria de tráfico de influencias? ¿Cómo si sigue imperando eso de “otorongo no come otorongo”?
El escándalo de Odebrecht tuvo que ser destapado en Estados Unidos y ser difundido por la prensa peruana, para que recién entonces en nuestro país los políticos empezaran a indignarse y pontificar sobre la importancia de la honradez y la decencia. De otro modo, los corruptos que blindaron hubieran hecho sus “faenones” pasando piola, con algunas sospechas, pero sin pruebas y, por lo tanto, libres de procesos judiciales y sin el riesgo de terminar en la cárcel.
Gracias a Estados Unidos, hoy la Fiscalía peruana pide 16 años y 8 meses de cárcel no solo para Alejandro Toledo, sino también para su esposa, Eliane Karp, y 10 años para su suegra. Para Ollanta Humala, 20 años de prisión, y para su esposa. Nadine Heredia, 26 años. Para Pedro Pablo Kuczynski, 35 años. Y Pedro Castillo está preso por su intento de golpe de Estado, pero también es investigado por corrupción. Es decir, si no es por angas, es por mangas. Nunca cambian. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo
