Los peruanos sufrimos una completa desprotección de nuestras autoridades, porque no tenemos ninguna institución que cumpla con brindarnos los servicios que requerimos: en salud, los hospitales no tienen médicos ni medicinas para atender a los enfermos; en educación, no hay escuelas y las existentes no tienen los servicios básicos ni profesores que brinden una buena educación.
El Congreso de la República viene dictando leyes que favorecen a los delincuentes, blindando a muchos de sus integrantes que han cometido delitos y siguen incrementando su presupuesto para que algunos de ellos utilicen bienes y dinero del Estado para hacer propaganda y ser elegidos senadores, a fin de tener 5 años más de impunidad. Además, pretenden una “reforma Judicial” para dejar a sus jueces y fiscales que los protejan cuando sean denunciados e investigados.
El Poder Ejecutivo, con un porcentaje de 5% de aceptación, debido al incremento de la corrupción e inseguridad ciudadana –delincuencia criminal–, está llegando a situaciones inmanejables. Un sistema judicial que se verifica con la actuación de malos fiscales que ponen en libertad a avezados delincuentes; una JNJ que no funciona, salvo para cumplir los mandatos de Vizcarra: destituyendo a fiscales supremos como Chávarry, Gálvez, Benavides y la suspensión de Sánchez sin sustento.
El Congreso, al igual que otros gobiernos anteriores, capturó el sistema judicial; basta recordar que desde 1822 hasta la fecha hubo 13 mal llamadas “reformas judiciales”, porque fueron “reorganizaciones judiciales” mediante la destitución de fiscales y jueces para colocar a su entorno gubernamental o congresal.
En el 2004, Hugo Sivina, presidente de la Corte Suprema, y la Sala Plena dispusieron una comisión “Acuerdo Nacional por la Justicia” integrada por magistrados de todas las instancias y juristas a fin de visitar todos los distritos judiciales para recibir las opiniones de jueces, fiscales, abogados litigantes y al público para escucharlo sobre cómo se administra justicia en su jurisdicción.
En la actualidad han convocado a los teóricos; sin embargo, se olvidan de los verdaderos protagonistas de la administración de justicia, como son los que se convocaron en el 2004, que sufren las consecuencias de los procesos judiciales. Observamos que algunos de los convocados ni siquiera conocen el Palacio de Justicia o la fiscalía y se atreven a modificar lo que no conocen.
Es necesario que la comunidad jurídica se pronuncie respecto a las leyes que viene aprobando el Legislativo con beneplácito del Ejecutivo, como el exigir que en los allanamientos e incautaciones se notifique a su abogado para que esté presente en dicha diligencia; es decir, para que le comunique al intervenido y desaparezca las pruebas que lo comprometan.
Pretenden modificar 32 artículos del CPP elaborado por técnicos; o sea, que los políticos saben más sobre terrorismo urbano y con dicha denominación consideran que se va a combatir la delincuencia desconociendo que el delito de terrorismo es un delito sancionado con gran drasticidad.
(*) Exdecano del CAL
