Las normas penales y el Decreto Legislativo 1301 introducen en nuestra legislación la figura de la COLABORACION EFICAZ, esto, destinado a premiar la colaboración de una persona que esté sometido a un proceso penal o quien no esté sometido a un proceso penal o hasta quien ha sido sentenciado, obviamente quien acepta su participación y responsabilidad penal.
Es un proceso especial basado sobre el principio del consenso donde el imputado aporta información útil para conocer cómo se cometió el delito, quiénes son sus autores y participes, los medios utilizados, el tipo de organización, etc. Procurando beneficios premiales a cambio de una remisión o atenuación de la pena. Naturalmente, la información o pruebas proporcionadas deben ser oportunas y eficaces. Asimismo, deben ser preferentemente nuevas e importantes y sujetas a comprobación fiscal.
La colaboración eficaz es un proceso autónomo, con normatividad propia. Tiene tres etapas principales: de conversaciones previas y entrega de información, de corroboración de la misma por el fiscal y de aprobación judicial (con sentencia) o desaprobación, con la finalidad de perseguir eficazmente la delincuencia. La colaboración eficaz llevada con prudencia y firmeza permite poner en evidencia al corrupto y sus cómplices. La fiscalía sabe que hay interés público, y que existe la necesidad de conocer pronto lo sucedido, pero debe actuar sobre seguro y cuidar la reserva, que a veces se afecta por una primicia o una especulación o interés particular.
Siendo así, entre muchos casos que cotidianamente vemos en las noticias, hay muchas personas que se vienen acogiendo a este beneficio singular y está permitiendo que salgan a la luz, evidencias de delitos cometidos por figuras públicas que han representado nuestro país, ahora tenemos generada la expectativa que ha de provenir de la entrega de ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco que definitivamente tiene que haber proporcionado medios de prueba corroborados, para implicar a otros integrantes del grupo delictivo entre ellos estaría nuestro actual Presidente de la Republica señor Pedro Castillo.
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(*) Abogado penalista
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