Desde todo nivel jurídico, procesal, ético y moral es escandaloso y repudiable que la Comisión Intermericana de Derechos Humanos (CIDH) haya declarado admisible la denuncia del cabecilla terrorista Víctor Polay Campos, cabecilla del sanguinario Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra el Estado peruano, pese a que se trata de un caso juzgado y ejecutoriado.
El MRTA fue una organización armada marxista-leninista de inspiración guevarista fundada precisamente por Polay, que incurrió en acciones criminales de lesa humanidad como asesinatos, secuestros e internamiento en las malditas “cárceles del pueblo”; así como campañas de “limpieza social” (genocidio), daño a la propiedad privada y pública, torturas, robo y extorsión. En su informe final, dentro de su sesgo claramente favorable a la subversión, la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR) concluyó que esta banda fue responsable del 1,5 % de las víctimas mortales del terrorismo.
Polay Campos fue capturado y finalmente encarcelado en julio de 1992. Su segundo al mando, Peter Cárdenas Schulte, creador de las “cárceles del pueblo” ahora está libre y agita subversivamente desde Europa.
Tras la captura de Polay, asumió como líder Néstor Cerpa Cartolini, secundado por Miguel Rincón Rincón, hasta que fueron justamente abatidos en la Operación Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997, cuando el Comando Chavín de Huántar de las fuerzas armadas recuperaron el control de la embajada japonesa en Lima tomada por asalto el 17 de diciembre de 1996 por un comando de 14 emerretistas.
El MRTA nunca se desarticuló plenamente, manteniendo dos línes: la Facción Política y el Frente Militar. Sigue cometiendo crímenes a través de grupos subsidiarios como Patria Libre, el Frente Democrático del Pueblo, el colectivo Hijos de Perú, la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército Popular Tupacamarista (FAR-EPT) y la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB).
Polay, por declaración propia es un criminal convicto y confeso y aunque ha alegado varias veces por los motivos y condiciones de su detención ya tuvo una queja ante el consejo de derechos humanos de la ONU y ante la CIDH que fue archivada en el 2010. Sin embargo ahora, sin expresión de criterio fundamentado, la misma CIDH vuelve a plantear la necesidad de revisar el juicio que se le llevó a cabo entre el 2003 y 2005 pretendiendo reabrir una discusión sobre temas que ya han sido zanjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos peruanos hace ya varios años.
Esto constituye un nuevo agravio de la Comisión hacia el Perú y solo se explica por su ideologización de izquierda marxista que atenta contra la justicia y el gobierno de la señora Boluarte, al cual han tratado de demoler con informes vergonzosos totalmente parcializados a favor de los subversivos que desataron olas de violencia bajo la pretensión de las fallidas “tomas de Lima”.
Corresponde en lo inmediato que el Ministerio de Justicia conforme un equipo de sólida defensa para evitar que este informe se eleve a la Corte IDH e impedir que se modifique la jurisprudencia ya existente sobre los juzgamientos por terrorismo en el Perú. Deben también reforzarse las medidas de seguridad en la Base Naval del Callao donde Polay comparte reclusión con Vladimiro Montesinos, ex jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN).
Adicionalmente, y esto es clave, el gobierno de Boluarte – Otárola está obligado a dar el paso clave de iniciar el proceso de denuncia y salida del fuero contencioso de la Corte IDH, que hasta hoy solo ha fallado en contra de los sagrados intereses de nuestra patria por subalternos intereses ideológicos.
(*) Analista politico
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