Se dice que la justicia es ciega, pues debe decidir con prescindencia de quienes son las partes o cuales sus características y resolver con estricta sujeción a los hechos y al Derecho.
Sin embargo, hay casos en que la justicia no es ciega, sino lamentablemente tuerta, pues toma decisiones en razón de las personas y no por la naturaleza de las cosas, como se ha podido advertir respecto de la denuncia constitucional, ante el Congreso, formulada por la señora Fiscal de la Nación contra el expresidente Manuel Merino y dos de sus ministros.
Con rapidez más que inusual, la Fiscal de la Nación inició investigación por el fallecimiento de los jóvenes Brian e Inti, acaecidos en las marchas de protesta del 14 de noviembre del 2020, bajo el entendido que en aquel entonces el presidente Manuel Merino, el presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del Interior, habrían dado órdenes para repeler con exceso de uso de la fuerza policial a los manifestantes. Como quiera que no pudo acreditarse tal supuesto, porque simplemente es falso, han terminado acusándonos por no haber impedido la susodicha represión, lo que es un craso error pues ninguno de ellos tenía el carácter de garante de la vida de los lamentablemente fallecidos.
Cierto que toda muerte es penosa, pero si las marchas no se hubieran tornado violentas, si es que no se hubiera agredido a la Policía, si es que terceros infiltrados no hubiesen empleado armas hechizas que no utiliza la Policía, evidentemente no hubiéramos tenido tan triste desenlace. Ello sin olvidar que quienes marcharon violentamente transgredieron las normas de la emergencia nacional y sanitaria, que tenían suspendido el derecho de reunión, obligación de respetar el toque de queda e incluso tener adecuado distanciamiento social.
Días después de la renuncia de Manuel Merino y de la asunción en el sillón presidencial de Francisco Sagasti, se produjeron varias muertes con ocasión del paro agrario. El 3 de diciembre se registró el deceso del joven Jorge Muñoz en Virú; el día 4 se produjo la muerte del joven Mario Fernández en Chao; el 10 del mismo mes dejó de existir por los mismos desórdenes sociales el joven Joel Rumay y el 23 de diciembre cinco personas fallecieron al tratar de esquivar bloqueos en la Panamericana Norte. El 30 de diciembre murió un menor en Virú, así como el joven Reynaldo Reyes Ulloa, entre otros, como consecuencia de las protestas.
Lo increíble es que ni el presidente Sagasti ni ninguno de sus ministros han sido investigados por tales hechos de violencia, como si lo fue el presidente Merino. ¿Por qué la diferencia? No se entiende, ¿Por qué el doble trato? Tampoco lo entendemos y menos porque siendo el Ministerio Público el encargado de prevenir el delito, no es también investigado por inacción.
Habrá que buscar un buen oculista a efecto de que pueda corregir la falta de visión de la señora Fiscal de la Nación, en uno de sus ojos.
(*) Excongresista de la República
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
