El 21/11 el Poder Judicial emitió el auto de enjuiciamiento donde el juez Checkley Soria ordena que ocho acusados donde se encuentran el ex presidente Pedro Castillo y sus ministros Betsy Chávez; Aníbal Torres; Roberto Sánchez y Willy Huerta además de los policías, Manuel Lozada; Justo Venero y Eder Infanzón sean juzgados por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por el delito de rebelión en el intento de golpe de estado que iba perpetrar Pedro Castillo contra el régimen que él mismo presidía. El Poder Judicial inicia lo que será el juicio oral contra todos estos acusados faltando 17 días para que se cumplan dos años del funesto “aniversario” de aquel atentado contra la democracia de nuestro país.
El 21/10 es sentenciado Alejandro Toledo, el segundo presidente condenado en nuestra historia, extraditado desde Estados Unidos en abril de 2023 y hoy recluido en Barbadillo. El proceso contra Toledo aun no acaba y la apelación fue presentada, con lo cual el juicio durará algún tiempo.
Tenemos procesos emblemáticos como el que se le sigue a Susana Villarán, la ex alcaldesa de Lima que ha admitido públicamente haber recibido dinero de la corrupción de Odebrecht y OAS; los procesos que se le siguen a los expresidentes Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra quienes están comprendidos en acusaciones de corrupción al haber recibido dinero de Odebrecht, además de otros funcionarios implicados en el gobierno de Alan García.
Todos estos procesos que llevan más de siete años, encontramos sus incidencias en los titulares de la prensa, siendo la fiscalía la institución que ha tenido por costumbre filtrar información para lograr titulares e impresionar al público tanto en el caso Odebrecht como en el proceso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
El 5/4 de este año la policía del Ecuador ingresa a la Embajada de México donde se escondía el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas sentenciado por corrupción. Lo que llamó la atención en el Perú es que el Ecuador también tenía procesos vinculados a la corrupción de la empresa Odebrecht y nos sorprendía que los altos funcionarios del estado ecuatoriano ya estaban condenados y presos.
En nuestro país se ha permitido que el corruptor (Odebrecht) se lleve el fruto de sus actos delictivos, a cambio íbamos a obtener la delación de todos aquellos corrompidos a quienes se les iba a imponer severas sanciones. Es algo así como que los empresarios iban a salir libres de todo y no se les tocaba sus activos, mientras que a las autoridades y funcionarios que les permitieron delinquir iban a ser condenados; todo esto bajo el ropaje de un acuerdo de colaboración eficaz que no se conoce y cuyos frutos son la impunidad para los corruptores. ¿Es esto justicia?
Una de las estrellas de este show está siendo investigado por desbalance patrimonial; Odebrecht, Barata y otros se encuentran libres disfrutando de sus ganancias mal habidas y en el Perú no hay sentencias ante una justicia lenta, tal vez no por culpa de los jueces, sino de los fiscales que primero filtran, luego “roban” cámara, solicitan largos meses de prisión preventiva contra los investigados y esperan el último momento para realizar acusaciones sin sustento.
Ecuador indirectamente nos ha dado una lección de aplicar justicia, respetando el debido proceso ha logrado sentenciar a los funcionarios que delinquieron, así como expulsar de su jurisdicción a los corruptores y no dejarlos operar en su país; mientras que en el Perú ante un delito flagrante como el perpetrado por Castillo su juicio recién se inicia, y pasados más de cinco años aún no hay procesos concluidos en el caso Odebrecht. A inicios del primer milenio Seneca escribió: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. No pensó que su valoración aún continúa cumpliéndose después de 2000 años.
(*) Abogado y excongresista.
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