El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado y ordenó el embargo de los bienes del expresidente Pedro Castillo y del expremier Aníbal Torres, quienes son investigados por el delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio del Estado, por el fallido golpe de Estado que se perpetró el 7 de diciembre pasado.
Respecto al exmandatario, el juez Juan Carlos Checkley dispuso el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades en Anguía y Tacabamba. Mientras que las propiedades de Torres son ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo de US$20,000.
Cabe precisar que, en este proceso el procurador Daniel Soria solicitó una reparación civil de S/67’711,048 Para la Fiscalía, Aníbal Torres, la expremier Betssy Chávez, y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez habrían instigado para que Pedro Castillo ordene el cierre del Congreso y la reorganización del sistema de Justicia.
