El balance de la gestión de José Jerí en materia de seguridad ciudadana, hasta el momento, resulta profundamente preocupante. Predominan las medidas reactivas, los anuncios sin sustento técnico y la ausencia de una estrategia integral capaz de enfrentar el avance sostenido del delito en el país. Aunque el gobierno intenta proyectar una imagen de firmeza, los resultados no acompañan el discurso y la sensación de desprotección se mantiene intacta en barrios, mercados, carreteras y zonas comerciales.
Uno de los principales problemas es la falta de articulación institucional. La Policía Nacional continúa operando con limitaciones severas derivadas de la corrupción interna, el déficit logístico y la rotación permanente de mandos, que impide consolidar políticas estables. No existe un sistema de inteligencia criminal moderno, unificado y preventivo. Los operativos realizados en los últimos meses han golpeado puntos visibles —extorsionadores menores, bandas locales o delincuentes comunes—, pero no han desmantelado las estructuras amplias que controlan territorios, rutas y economías ilegales.
A ello se suma la escasa coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, que provoca liberaciones exprés, investigaciones deficientes y archivamientos sospechosos. La gestión de Jerí ha evitado enfrentar este problema estructural y se ha limitado a declaraciones, sabiendo que, mientras la cadena de justicia continúe capturada por redes de corrupción, cualquier política de seguridad será insuficiente y, en el mejor de los casos, meramente cosmética.
El uso de las Fuerzas Armadas en zonas críticas tampoco ha generado resultados sostenidos. Las intervenciones son temporales, carecen de continuidad y no se acompañan de un seguimiento que impida el retorno inmediato de las organizaciones criminales.
La ciudadanía esperaba una estrategia seria, con metas claras, plazos verificables y un liderazgo firme sobre la PNP. En lugar de ello, la gestión actual opta por acciones de impacto mediático, eludiendo reformas profundas: depurar la Policía, intervenir fiscalías infiltradas, modernizar tecnología, reorganizar el INPE y cortar el flujo financiero que alimenta al crimen.
El balance, por ahora, es el de una oportunidad desaprovechada. Sin una reforma estructural que ataque la corrupción en toda la cadena de seguridad, el país seguirá a merced del delito y la violencia.
(*) Presidente de Perú Acción Presidente del Consejo por la Paz
