El Gobierno de Nayib Bukele invitó recientemente al Perú a un foro de seguridad. Muchos critican que haya asistido el ministro de Justicia y no el del Interior, pero esa decisión se justificaría con el objetivo de la representación peruana en dicho cónclave, que es, según parece, replicar las medidas adoptadas por el sistema penitenciario en la administración, control y supervisión de las cárceles en El Salvador. De lo contrario, no había razón del viaje del titular de Justicia y no del Interior.
Ahora bien, caería en un error el Ministerio de Justicia su supeditaría el interés del Gobierno peruano en replicar únicamente el programa de construcción de cárceles aplicado exitosamente en El Salvador. Si el país gobernado por Bukele construyó una mega cárcel con capacidad para 42 mil presos, es por las características geográficas de El Salvador y la concentración de la delincuencia en un territorio de 21,041 kilómetros cuadrados. Es por eso qué aplicaron lo que denominaron el “Plan Control Territorial”. Lima, con 34,802 metros cuadrados, es más grande que el país centroamericano, que es casi del mismo tamaño que Apurímac.
En el Perú, que tiene 1 millón 285 mil kilómetros cuadrados distribuidos en regiones que incluyen extensas llanuras, una cordillera agreste y una selva de montañas inconmensurables, el encierro de los presos debe ser descentralizado, una mega cárcel para 40 mil personas no tendría sentido.
Lo que sí se podría aprovechar del sistema penitenciario de El Salvador es su labor de inteligencia y contrainteligencia dentro de las cárceles, porque bien sabemos que, como ocurría en dicho país, en el Perú, gran parte de las bandas criminales son dirigidas por sus cabecillas desde la prisión. Ese problema no se ha podido combatir ni con los intentos de bloqueo de celulares ni la instalación de cámaras de video vigilancias en Sarita Colonia, Miguel Castro Castro, San Jorge, Piedras Gordas o Ancón I y II. Es por esa razón que muchos especialistas en la materia, con toda razón, afirman que las cárceles en realidad son escuelas del delito.
El ministro de Justicia —es raro y sintomático que no lo haya dicho el ministro del Interior— y el premier han confirmado que se aplicarán algunas estrategias del denominado Plan Bukele en la lucha contra la delincuencia en el Perú. No es una idea descabellada, pues es necesario aplicar mano dura. Ojalá los organismos de derechos humanos, que suelen defender a delincuentes, aunque su posición vaya en contra de la seguridad y la vida de la ciudadanía, no pongan piedras en el camino. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
