El Congreso de la República peruano tiene 130 miembros cuyas principales funciones son legislar y fiscalizar. Los congresistas, según sus carreras profesionales, campos de interés y experiencia —a veces también conveniencia—, integran las siguientes comisiones: permanente, ordinarias, especiales o investigadoras. Sin embargo, más de las veces, el informe final que presentan estos grupos de trabajo al concluir su labor deja mucho que desear.
En el caso de las comisiones investigadoras, se trata de órganos de carácter temporal integrados de forma multipartidaria, con facultades excepcionales y cuya misión es conocer asuntos de interés público por medio del acopio y debate de la información obtenida. Además, se supone que deben constituir la primera fase del proceso acusador de funcionarios públicos.
En muchos casos, estos grupos de trabajo parlamentario gastaron tiempo y dinero en sus investigaciones y el procesamiento de estas, pero al final llegaron a conclusiones que no demuestran nada o no son ninguna novedad.
En agosto del 2021, el Pleno del Congreso eligió e instaló la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021 ante las denuncias de fraude. Este grupo de trabajo estuvo conformado por Jorge Montoya (presidente), Roselli Amuruz (vicepresidenta), Raúl Doroteo (secretario) y Gladys Echaíz, Martha Moyano, Waldemar Cerrón y Sigrid Bazán como miembros titulares. Luego de nueve meses, esta comisión presentó su informe y resulta que este documento contiene las mismas denuncias hechas por políticos y medios de comunicación, pero que fueron desestimadas por los organismos electorales, la Fiscalía de la Nación y hasta organismos internacionales, como la OEA, Unión Europea y otros.
El congresista Jorge Montoya, presidente de dicha comisión investigadora, emitió un pronunciamiento —parece que, a título personal, pues firma como almirante—, que encabeza con la frase “misión cumplida” y sostiene que su equipo culminó y presentó un “impecable trabajo”. Agrega que ahora le toca al Congreso aprobar las recomendaciones para que “los organismos encargados inicien las investigaciones y, de encontrar pruebas o culpas, sean sancionados” los responsables. O sea, no hay pruebas y tampoco están seguros de que alguien las encuentre.
Esta comisión, que incluso pidió la ampliación del plazo para culminar su trabajo, habría gastado 150 mil soles y precisó del tiempo no solo de los siete congresistas que la integraron, sino también de sus asesores, técnicos y abogados. Lo peor es que ese dinero salió del bolsillo de todos los peruanos. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
