Nos encontramos en una situación muy delicada por el caso de las violaciones a menores de edad que han sido noticia en los últimos días. El caso más reciente fue la terrible muerte de un niño de un año producto de una violación colectiva. Frente a esta situación, los políticos salen a sostener que la aplicación de la pena de muerte o lo castración química a los violadores podría ser la solución.
En ambos casos estamos frente a un imposible jurídico. Para poder aplicar la pena de muerte el Perú tendría que salir de la Corte Interamericana, porque el expresidente Juan Velasco Alvarado la derogó en el año 1974 y la Corte Interamericana establece que el país que derogó la pena de muerte no la puede volver a aplicar. Años después, Alberto Fujimori quiso implementarlo para el caso de los terroristas y no pudo hacerlo.
En cuanto a la castración química, pienso que tampoco procede. Al ingresar a la cárcel, el violador vive lo que los abogados llamamos la ley del preso: todo violador es violado dentro de un centro penitenciario; y no una vez, sino hasta que se cansen. Ese es el peor castigo que puede recibir un violador. Además, ¿a quién se va a aplicar la castración química? ¿A un violador que está dentro de un centro de reclusión? Hay que precisar que la castración química es un método científico muy costoso, por lo menos son 100 dólares mensuales y en el Perú tenemos -lamentablemente- muchos violadores. Esa plata podría ser utilizada para la recuperación de esas víctimas. Sin embargo, apenas se producen estos casos aparecen los políticos y hasta el presidente de la República dando opinión.
Para mí, una castración química va a ser un negociado porque no va a rendir los frutos que se persiguen y, en segundo lugar, tenemos que apostar por las medidas preventivas. Yo me pregunto ¿Qué hace el Estado o qué hace la sociedad para proteger a un menor de edad violado? Solo prestan atención mientras están los medios de comunicación, pero después se olvidan del caso. No se le ofrece un tratamiento psicológico o terapéutico a la víctima; menos una atención económica.
Deberían dictarse medidas, ir a la causa porque si no atacamos la causa todo lo demás es inoperante. De la pena de muerte o la castración química se habla desde 1974 pero eso no puede ser, son meras opiniones de los políticos que llevan a nada.
(*) Ex decano del Colegio de Abogados de Lima
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