“Hoy por ti, mañana por mí”

Según el diccionario de la Real Academia, una de las acepciones de la palabra “mochar” es cortar. Entonces, cortar el sueldo es dejar de pagar o cercenar parte del dinero ganado por el trabajador de una empresa o institución, ya sea pública o privada. Esa parte de los honorarios se estaría dejando de pagar, pero no iría expresamente a los bolsillos de alguien para beneficio particular. ¿Considerando esta precisión, es correcto decirles “mochasueldos” a los congresistas que obligan a sus empleados, a los cuales les paga el Estado, que les depositen o entreguen —bajo diversas modalidades— parte de sus honorarios? Veamos por qué no.

Si se estuviera mochando el sueldo a un trabajador del Congreso, el dinero simplemente sería retenido y no iría a parar a los bolsillos de los congresistas. Solo el Congreso, como institución y no como persona, podría mochar o recortar sueldos.

En el lenguaje común de los peruanos y en la prensa se usa generalmente el verbo robar como sinónimo de hurtar. En realidad, significan casi lo mismo, pero el ámbito jurídico, para establecer diferencias en las modalidades del delito que permitan determinar con justicia el rigor de la pena, hurtar es sustraer un bien sin el uso de la fuerza, mientras que en el robo sí puede darse una amenaza o acto violento.

En consecuencia, en el estricto sentido de la palabra, lo que han hecho los congresistas llamados “mochasueldos” es robar.

Sería hurto si no se hubiera dado el agravante de una amenaza de despido u otros mecanismos intimidatorios que, incluso, califican como extorsión, palabra que la misma RAE define como “presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio”.

Los mencionados congresistas, entonces, han perpetrado un delito con alevosía, premeditación y ventaja. Es decir, no deben ser motejados como “mochasueldos”, sino como “robasueldos”.

Pese a los testimonios y pruebas irrefutables, la Comisión de Ética del Congreso “blindó” a cuanto “mochasueldos” fue denunciado e investigado, pues, en vez de suspenderlos y recomendar su desafuero, solo los amonestó y les aplicó una multa.

Por un caso similar, el excongresista Michael Urtecho, quien fue destituido e inhabilitado por 10 años en el 2013, enfrenta un largo juicio y un pedido fiscal de 24 años de prisión (para su esposa se solicitan 22 años). Por otros delitos, menos graves que el robo de sueldos, otros parlamentarios corrieron la misma suerte. Eran tiempos en que el “hoy por ti, mañana por mí” era una moneda menos corriente. Mañana continuamos. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.