Es increíble y vergonzoso que, en plena era digital, en el padrón electoral se incluya como habilitadas para votar a todas las personas que fallecieron hasta hace un año atrás. Pero es más indignante y sospechoso aún que hombres, mujeres e inclusive niños que fallecieron hace diez, quince o veinte años también aparezcan como aptos para sufragar.
Ni bien se desató el escándalo, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, intentó curarse en salud y dijo que “los muertos no votan en el Perú” porque el padrón electoral, según lo dispone la Ley Orgánica de Elecciones, se cierra un año antes de toda elección. Sin embargo, miles de personas empezaron a reportar en los medios de comunicación que sus familiares que fallecieron hace más de un año también están incluidos en dicho padrón.
En estas elecciones estarán habilitadas 180,764 personas que murieron por COVID más las que perecieron por otras enfermedades durante el último año. Según el Sistema Nacional Informático de Defunciones (Sinadef), en el 2019, cuando no había pandemia, se registraron 115,914 fallecimientos en el Perú. Ello significa que si sumamos a quienes perecieron por la pandemia con los que lo hicieron por otras enfermedades, considerando solo una cifra similar a la del 2019, aunque las defunciones suelen aumentar de año en año, estaríamos hablando de cerca de 300 mil muertos aptos para votar este 6 de junio. Es una cosa de locos.
La Ley Orgánica de Elecciones N° 26859, a la que se refiere Corvetto, fue dada el 27 de septiembre de 1997. Han pasado ocho presidentes de cinco gobiernos y ninguno ha corregido este despropósito. Corvetto dice que nadie puede suplantar a un muerto en las urnas porque no tiene el DNI. Que le pregunte a uno de los especialistas de Azángaro si no se puede falsificar un DNI.
El 23 de agosto del 2019, el expresidente Martín Vizcarra emitió la Ley Nº 30996, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, pero no enmendó el “error” que, como dicen varios políticos, es una puerta abierta al fraude electoral.
Estos vicios legales, que empañan la transparencia de los procesos electorales e inducen al irrespeto de la voluntad popular, tampoco fueron advertidos por el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, un funcionario cuestionado por cambiar su voto para permitir que Vizcarra pueda postular al Congreso y, además, haber defendido a cabecillas terroristas en la época más violenta que vivió el país en la década de los 80’ y 90’. Ni más ni menos. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
