“Hay juicios criminales de más de diez años”

• Según Pérez Rocha, no se han logrado los resultados esperados con los estados de emergencia porque no se cumple adecuadamente con la presencia preventiva en los lugares donde se necesita. “Ver militares durante algunas horas en paraderos del tren no basta para combatir a las organizaciones criminales”, indicó.

Por: Diego Pecho

En entrevista con La Noticia Perú, el general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha, ex comandante general de la Policía Nacional del Perú, invocó al Poder Judicial a acelerar los procesos, algunos de los cuales duran 10 años, para contribuir en la lucha contra el crimen. Además, cuestionó los resultados de las medidas contra la inseguridad ciudadana y planteó alternativas para combatir las extorsiones, el sicariato y el crimen organizado.

¿Cuál es su balance de la lucha contra la delincuencia?

No se han tenido resultados concretos porque hay desconocimiento de lo que es la seguridad ciudadana. Fui comandante de la Policía y secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana hasta el 2012. La Ley 27933 establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad de los gobiernos locales, con apoyo de la Policía y de la sociedad organizada.

Durante mi gestión, el Consejo se reunía semanalmente con representantes de las instituciones y una vez al mes en Palacio de Gobierno. En septiembre debía aprobarse el Plan Anual de Seguridad Ciudadana para orientar a los gobiernos regionales y municipales. Así se trabajó con los planes de 2010, 2011 y 2012.

Después se perdió esa continuidad. En 2017, durante la gestión de Carlos Basombrío, se modificó la ley. La presidencia del Consejo pasó del ministro del Interior al presidente del Consejo de Ministros y las reuniones dejaron de ser mensuales para realizarse cuatro veces al año. Sin una agenda regular ni planes anuales, las autoridades locales se quedan sin una guía.

¿Qué se puede rescatar del modelo de Nayib Bukele?

La coordinación entre Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerzas Armadas y Policía, además de centros penitenciarios modernos como el CECOT. Pero no todo puede trasladarse al Perú, deben respetarse los derechos humanos y no detener a alguien solo por tener tatuajes sin determinar si cometió un delito.

¿Los estados de emergencia pueden dar resultados?

No se han logrado los resultados esperados. Según mi recuento, se han declarado 23 estados de emergencia. El problema es que no se cumple adecuadamente con la presencia preventiva en los lugares donde se necesita. Ver militares durante algunas horas en paraderos del tren no basta para combatir a las organizaciones criminales.

¿Qué medidas urgentes se necesitan contra las extorsiones y el sicariato?

Primero, mayor presencia policial. Se ha hablado de un déficit de 70 mil efectivos y el ministro del Interior ha mencionado que faltan 50 mil. Segundo, tecnología para investigar las extorsiones mediante celulares e identificar a los responsables. Tercero, fortalecer la inteligencia operativa y la contrainteligencia para ubicar a los cabecillas de las organizaciones criminales.

También urge acelerar la justicia, pues hay procesos que duran más de diez años y pericias que tardan meses. La Policía necesita mejores herramientas y los jueces deben actuar con rapidez.

¿Quién debe responder por los resultados?

La responsabilidad política corresponde al ministro del Interior y la operativa al comandante general de la Policía. Ambos deben responder por las medidas adoptadas. Hemos tenido comandantes destituidos por no reducir la delincuencia. Hay que evaluar las acciones y corregir lo que no funciona.

¿Se necesitan más cárceles y penas más duras?

El problema penitenciario también debe atenderse. Según mis cifras, existe una sobrepoblación de alrededor del 141 %, pues la capacidad sería para 40,000 internos, pero hay más de 100,000 reclusos.

Las penas ya son fuertes, con cadena perpetua para los casos más graves y condenas que pueden alcanzar los 35 años. El problema es la demora judicial, ya que los casos deberían resolverse en seis meses o un año, no prolongarse durante una década.

¿Las Fuerzas Armadas pueden reemplazar a la Policía?

Las Fuerzas Armadas están preparadas para la defensa nacional, pero no tienen la misma formación que la Policía para atender el orden interno y público. Su apoyo requiere límites y coordinación.

En el comando unificado que menciono hay 1,350 efectivos, de los cuales solo 350 son policías y el resto pertenece a las Fuerzas Armadas. Pese al despliegue, los resultados en el país siguen siendo insuficientes.

LAS MEDIDAS DE BUKELE QUE PODRÍAN APLICAR EN EL PERÚ

Eduardo Pérez sostiene que el Perú puede tomar como referencia la coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial para enfrentar a las organizaciones criminales en El Salvador. También destacó la construcción de centros penitenciarios modernos como un aspecto rescatable de esa estrategia.

Sin embargo, advirtió que no todas las medidas deben replicarse en el país. Cuestionó que se prive de libertad a personas únicamente por tener tatuajes, sin determinar si cometieron algún delito. Para el general en retiro, las acciones contra la delincuencia deben adaptarse a la realidad peruana y respetar los derechos humanos. La experiencia salvadoreña puede servir de referencia, pero no justifica detenciones basadas solo en la apariencia de una persona.