La postura de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de solicitar la suspensión de Tomás Aladino Gálvez por 36 meses, pese a que aún no ha sido reincorporado oficialmente al Ministerio Público como fiscal supremo, ha sido severamente cuestionada.
El excanciller y excongresista aprista Luis Gonzales Posasa sostuvo que se busca sabotear el regreso de Gálvez a la Fiscalía de la Nación y por ello su titular debería dejar el puesto. “La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, debe ser destituida y procesada penalmente por sabotear el retorno del fiscal supremo Tomás Gálvez, ordenado por el Tribunal Constitucional”, apuntó.
En tal sentido, calificó a Espinoza como la protectora de los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, y afirmó que se cree inmune e impune.
Por ello, dijo, es momento que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Congreso actúen con firmeza ante estos “actos ilegales que afectan gravemente el precario Estado Constitucional de Derecho de nuestro país”.
Igualmente, el legislador Fernando Rospigliosi, de la bancada de Fuerza Popular, señaló que la postura de Delia Espinoza contra Tomás Gálvez son decisiones de la “mafia caviar” que controla la Fiscalía de la Nación. Agregó que, esta facción no acata las leyes ni las resoluciones judiciales que son perfectamente válidas y que no les gustan a ellos por razones políticas.
Cabe indicar que el propio Tomás Gálvez afirmó que existe una mafia en el Ministerio Público que busca frustrar su regreso pese a que hay una decisión del Tribunal Constitucional.
EN CONGRESO ADMITEN DENUNCIA CONTRA LA FISCAL DE LA NACIÓN
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) admitió a trámite la denuncia constitucional presentada por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunto abuso de autoridad y vulneración del derecho a la intimidad. Según la denuncia, Espinoza habría incurrido en estos delitos al solicitar la entrega de los dispositivos y claves personales de Santiváñez en el marco de la investigación por hechos presuntamente cometidos durante su gestión.
