El premier Alberto Otárola Peñaranda anunció que el Ejecutivo aprobó la transferencia de más de S/111 millones, así como otras acciones, para reforzar la seguridad ciudadana en las jurisdicciones declaradas en emergencia por este tema.
Mediante un decreto de urgencia sustentado durante la sesión del Consejo de Ministros de ayer, se autoriza destinar dicho presupuesto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al sector Interior y al Poder Judicial, así como a las municipalidades distritales de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres (Lima) y Sullana, Bellavista, Ignacio Escudero, Marcavelica, Miguel Checa, Querecotillo y Salitral (Piura).
Se considera la implementación de las Unidades de Flagrancia Delictiva y la puesta en marcha de las brigadas especiales contra el crimen organizado a cargo de la PNP. Además, se permite dotar de recursos logísticos a los Departamentos de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.
“Esta es una norma muy potente en la lucha frontal emprendida por este Gobierno contra la delincuencia”, manifestó el primer ministro.
