El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece que cualquiera de las partes comprendidas en una investigación fiscal que difunda información reservada, será sancionada con pena privativa de la libertad.
Al respecto, el abogado Alberto Cruces, Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, lamentó la decisión del Ejecutivo. “Estamos analizando la iniciativa porque son una serie de disposiciones que, además, tienen que ser concordadas con otras leyes, pero reiteramos que hay un riesgo sobre la libertad de información y el ejercicio, sobre todo, de la profesión del periodismo, quienes podrían no acceder a las fuentes que se requieren para temas de interés público”, señaló.
La iniciativa legal también ha sido rechazada por el Colegio de Periodistas del Perú (CPP), la Federación de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). Incluso, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, también ha expresado sus reparos.
