Hace poco se reveló formalmente desde la Presidencia del Consejo de Ministros una terrible noticia que ya nosotros habíamos anticipado desde el año pasado, aunque no con la precisión estadística que propaló el gobierno: 180,000 (ciento ochenta mil) muertos producto del COVID-19 en apenas catorce meses de pandemia y estado de emergencia sanitaria.
Es decir, casi han triplicado las cifras farsantes que nos daban el inefable Martín Vizcarra y sus indolentes ministros Pilar Mazzetti y Víctor Zamora. Durante el gobierno vizcarrista, y desde el Congreso, siempre objetábamos y denunciamos las cifras oficiales de fallecidos por la pandemia que expedía el régimen vacado. Hoy, lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón.
En un hecho execrable, que no solo la historia, sino principalmente, la justicia tendrá que juzgar, el nefasto, corrupto e incapaz gobierno de Vizcarra se empeñó a esconder las cifras reales de nuestros muertos. Mientras, los que tenían la suerte de tener cristiana sepultura se oficializaban tibiamente por el Ministerio de Salud; casi el triple de esa cifra era enterrado en fosas comunes, o simplemente desaparecidos como si fueran NN, y dolosamente desconocidos por Martín Vizcarra y sus ministros de salud, Zamora, Mazzetti y la logia de caviares y trepadores de ONGs afines al régimen para mantener macabramente su imagen, el poder y las mieles que este ofrece.
Pero los muertos también hablan, no se pueden mantener eternamente en la cifra negra de la mortalidad. Esta escalofriante estadística de muertos, de más de 180 mil, revela varias cosas. Primero que somos el peor país del mundo en mortalidad por millón de habitantes. Segundo, que a pesar de las despiadadas medidas de encierro por cuarentenas dictadas por Vizcarra contra la población y su economía, la política sanitaria fracasó rotundamente, como ya lo habíamos advertido desde el inicio.
En tercer lugar, se acredita no solo la incapacidad de dicho gobierno, sino toda una maquinaria de corrupción que lucró con las mascarillas faciales, las inexactas pruebas rápidas en vez de las moleculares (que originaron más muerte y dolor) además de traficar con unas vacunas cuestionadas como las chinas Sinopharm, en vez de las norteamericanas u otras con solidez sanitaria, y finalmente, la indolencia de un gobierno que no supo instalar la cantidad de camas UCI suficientes ni plantas de oxígeno, a pesar que compañías privadas querían donar todo ello. La respuesta del gobierno, en el colmo del crimen, fue negarse a recibir las donaciones, y dejar que la gente se muera literalmente. El colofón de este drama, es que todos estos miserables, liderados por Martín Vizcarra, se vacunaron a escondidas al igual que a sus familiares, sin importarle los más de 180 mil peruanos muertos.
El Genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos, estipulados por el Estatuto de Roma en 1998, y que está tipificado en el artículo 319 del Código Penal peruano como un delito de lesa humanidad, con una pena de prisión no menor de veinte años. Esto es lo que ha cometido el gobierno del psicópata Vizcarra, y en parte también, la inoperancia ideológica del régimen del señor Francisco Sagasti, que en su momento dijo: “yo no permitiré que los ricos se vacunen y los pobres no”.
Como Congresista de la República, exijo la creación inmediata de una Comisión de la Verdad que investigue puntualmente este atroz genocidio perpetrado desde las más altas esferas del gobierno. Si por 69 mil muertos en quince años de terrorismo delincuencial se creó una comisión de la verdad, con igual o mayor razón deberá crearse una comisión de la verdad por más de 180 mil compatriotas muertos en apenas un año.
(*) Ex Vicepresidente y Congresista de la República
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