El Gobierno busca maquillar la realidad y esconder las verdaderas cifras de la violencia y la inseguridad ciudadana, que se siguen disparando sin que ninguna política ni medida adoptada por este régimen las pueda detener. La franja informativa propuesta por el Gobierno a los medios de comunicación podría convertirse, en las preferencias de la ciudadanía peruana, en una nueva estética del buen gobierno que busca perpetuarlo en el poder, ante lo cual hay que estar muy atentos en defensa de la democracia.
En cuanto a si la franja informativa de carácter obligatorio que el Gobierno busca imponer en los medios de comunicación tuviese un aspecto positivo y útil, se apela al fin del bienestar común en la lucha contra el enemigo público número uno del momento: la delincuencia. Sin embargo, este Gobierno, inepto y corrupto, que ha fracasado una y otra vez en el intento de detener el avance de la violencia y del crimen, cambiando constantemente de ministro del Interior y declarando el Estado de Emergencia infructuosamente, no tiene ni merece la confianza de la ciudadanía para utilizar los medios de forma no democrática como pretende.
Además, este régimen está relacionado con personajes al margen de la ley, buscados por la justicia y en clandestinidad. Recordemos que el gobierno de Pedro Castillo y el gobierno de Dina Boluarte son parte de un mismo régimen y periodo de gobierno.
La ciudadanía y los medios de comunicación no aprueban la franja informativa del Gobierno. La libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática y está consagrado en la Constitución Política y en tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, cuando un gobierno intenta imponer criterios y parámetros a la programación televisiva, surgen serios cuestionamientos sobre el respeto a este derecho.
En el Perú, la regulación de los contenidos televisivos está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), pero sus funciones no deben afectar la independencia editorial de los medios. El DL N.° 1044 sobre publicidad engañosa y la Ley de Radio y Televisión (Ley N.° 28278) establecen que la programación debe respetar principios éticos, pero sin permitir la censura gubernamental.
El intento de un gobierno de imponer contenidos en la programación televisiva representa una amenaza para la libertad de expresión en el Perú. La Constitución, la legislación nacional y los tratados internacionales garantizan la autonomía de los medios de comunicación y prohíben cualquier tipo de censura previa. Es crucial que la sociedad y las instituciones democráticas se mantengan vigilantes ante cualquier intento de limitar la pluralidad informativa, pues una prensa libre es esencial para la consolidación de una democracia sólida.
Más de cinco millones de ciudadanos han sido extorsionados en el país, luego de haber recibido un mensaje o llamada extorsiva, según el segundo reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. De esta cantidad, el 27% sucedió en la capital. Esta es la realidad que el Gobierno pretende maquillar a través de la franja informativa obligatoria. Ni la ciudadanía ni los medios de comunicación se prestarán a ese juego.
(*) Presidente de APROSEC.
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