El 20 de junio en la mañana se conoció por todos los medios de comunicación que había sido expulsado de los Estados Unidos el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, a quien se le conoce como el financista del golpista Pedro Castillo, y tiene que responder a diversos casos en los que se encuentra involucrado, entre otros “Gabinete en la Sombra” o “los ascensos militares y policiales”; para investigarlo la Fiscalía de la Nación ha pedido 30 meses de prisión preventiva y el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria aceptó la solicitud fiscal.
Al día siguiente de la expulsión de Sánchez de los Estados Unidos, los titulares de los principales diarios del país dieron la noticia en primera plana y en especial su confinamiento por 30 meses de prisión es decir dos años y medio preso, para investigarlo y concluir solo en acusarlo.
El 5 de abril del año en curso, tuvimos la noticia que el gobierno de Ecuador asaltó la embajada de México en Quito, en un hecho sin precedentes en la historia de las relaciones internacionales de Sudamérica. Lo que motivó esta acción indebida del estado ecuatoriano, es que en la embajada de México se refugió el exvicepresidente Jorge Glas quien fue sentenciado el 13/12/2017 por asociación ilícita y después tuvo otra sentencia el 7 de abril de 2020 por cohecho pasivo agravado, todo ello dentro del caso Odebrecht en ese país.
No obstante, la deleznable actitud del gobierno ecuatoriano de asaltar una embajada, esto nos debió dar una alerta porque Ecuador ya terminó por lo menos desde 2020 el caso Odebrecht sentenciando a sus principales responsables entre ellos al mismo Rafael Correa; mientras que acá se insiste en prisiones preventivas y se arman espectáculos mediáticos con el propósito de presentar una maquillada justicia momentánea.
Recordemos que en noviembre de 2020 se filtró un audio de una reconocida periodista quien dijo: “…he estado conversando con el fiscal Vela durante todo este tiempo. El caso de corrupción de Vizcarra es de los más sólidos que tiene la Fiscalía, lo tiene la más seria del país. Vizcarra robó y de manera grosera, se le va a probar más rápido a él que a Keiko incluso”. Han pasado cuatro años y ni los fiscales anticorrupción han acusado a Vizcarra, mientras que la Fiscalía de la Nación lo protege ante los evidentes actos de corrupción por adquirir pruebas rápidas que llevaron a la muerte a miles de personas.
Con el caso de Alejandro Sánchez y su participación en actos de corrupción en el desgobierno de Pedro Castillo, tenemos a un personaje clave que debe dar mayores detalles sobre los manejos del país entre julio de 2021 y diciembre de 2022, su fuga de la justicia pe- ruana ha agravado su situación en los hechos que se le imputa, y por el tiempo transcurrido ya debería tenerse todo listo para acusarlo.
Del mismo modo a Castillo por los delitos que se le acusa debería estar sentenciado, ya que se le apresó por estar en flagrancia en el golpe de estado que no llegó a consumarse. Estamos ante la posibilidad de la victimización de gente que ha cometido delito flagrante y la fiscalía espera el ultimo minuto para acusar y seguramente mal consagrando la impunidad.
Mientras tanto, la Fiscalía en vez de proponer los cambios que se necesitan para que la justicia se imparta con celeridad y mejorar el sistema lento, arbitrario, intolerable y opresivo que parece más ajustarse a la conveniencia de algunos operadores; envían comunicados llamando a la movilización ciudadana para mantener este paraíso legal donde no hay acusados, sino solo presos momentáneos. La Fiscalía no es una institución deliberante o de gobierno, es un órgano autónomo del Estado cuyas atribuciones están enmarcadas en el artículo 159 de la Constitución y mucho mejor definidas en su Ley Orgánica. ¿Pretende acaso el Fiscal de la Nación y sus seguidores gobernar el Perú? O ¿la Fiscalía pretende ser un Poder superior al Poder Judicial?
(*) Excongresista
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