El abogado penalista Humberto Abanto consideró que, en su gestión como fiscal de la Nación, Pablo Sánchez cometió una suerte de privatización del Ministerio Público al darle acceso privilegiado al Instituto de Defensa Legal (IDL), dirigido por Gustavo Gorriti.
“Tenemos finalmente la explicación de por qué una institución privada, una organización no gubernamental, tenía acceso privilegiado a un conjunto de información clasificada que estaba en manos del Ministerio Público”, expresó Abanto al referirse a una documentación judicial proveniente de Brasil.
Esta información reveló una permanente conversación, a través de la aplicación Telegram, entre la periodista Romina Mella, de IDL-Reporteros, mano derecha Gorriti, y el fiscal brasileño Deltan Dallagnol, que tenía a su cargo la investigación del caso Lava Jato en ese país.
“Es decir, en el Perú se privatizaron empresas y el señor Sánchez privatizó el Ministerio Público”, aseveró Humberto Abanto en Willax TV. Cuestionó el vínculo entre IDL y la fiscalía desde el 2016, en que se realizó la “Cumbre de fiscales de América Latina: estrategias de la lucha contra el crimen organizado”. IDL tuvo injerencia en dicho evento, en cuyo comité organizador estuvo Jaime Villanueva, gerente central del Ministerio Público en ese entonces.
“El evento se realizó y la que dio el primer paso fue Romina Mella, su relacionista pública (de Sánchez)”, dijo. El abogado de Jaime Yoshiyama también refirió que consiguió de la justicia brasileña 4 teras de información sobre la relación entre el juez Sergio Moro y el fiscal Dellagnol a partir de la investigación sobre los malos manejos en el caso Lava Jato que provocó la invalidación de muchas pruebas.
