Fin a las «concesiones ociosas»: CONADEMI respalda reforma para dinamizar la minería en el Perú

Tras años de estancamiento en vastas zonas del territorio nacional, el Consejo Nacional de Minería pone el pecho por una reforma legal que busca arrebatarle terreno a la especulación y devolverle la productividad a los recursos del Estado.

El Consejo Nacional de Minería (CONADEMI) emitió un pronunciamiento oficial en el que respalda el reciente dictamen para modificar la Ley General de Minería. La institución sostiene que esta medida es una respuesta técnica a una realidad crítica: la existencia de un número masivo de áreas concesionadas que no registran actividad productiva alguna.

Un sistema en desequilibrio

Según el comunicado, el diagnóstico actual del sector revela que «dos de cada tres concesiones no registran actividad formal». El organismo señala que el marco normativo vigente ha permitido que estas «concesiones ociosas» se mantengan por periodos prolongados con obligaciones mínimas, lo que impide un aprovechamiento eficiente de los recursos naturales.

«Esta situación responde a un marco normativo que, hasta hoy, ha permitido la permanencia prolongada de concesiones ociosas con obligaciones mínimas y sanciones que no generan incentivos reales para su aprovechamiento», precisa el documento.

Los objetivos de la reforma

La propuesta legislativa, lejos de ser improvisada, busca reducir los plazos de inactividad para lograr cuatro ejes fundamentales:

• Incentivar la inversión productiva.

• Frenar la especulación de tierras.

• Promover el uso eficiente de los recursos.

• Generar oportunidades de desarrollo para la población.

Soberanía y formalización

El CONADEMI recordó que, bajo el amparo de la Constitución, los recursos naturales pertenecen a la Nación y que el Estado tiene la facultad de establecer límites a las concesiones en función del interés público.

Asimismo, la institución aclaró que esta reforma no pretende afectar a la minería formal ni promover la informalidad. Por el contrario, asegura que el objetivo es «cerrar brechas estructurales del sector» y construir un marco normativo que reduzca trámites innecesarios, permitiendo que el Perú se adecúe de forma competitiva a los estándares internacionales.

Finalmente, el organismo reafirmó que el país requiere de una minería activa y responsable, calificando este dictamen como un paso necesario hacia el desarrollo nacional.