“Facción de congresistas apoya al taxi colectivo”

• Según Gustavo Guerra García, el servicio de taxi colectivo no es la solución al problema del transporte y, por el contrario, empeora la congestión vehicular.

POR: ALEX VALENZUELA

El exviceministro de Transportes, Gustavo Guerra García, en entrevista con La Noticia, demandó al gobierno retomar e impulsar la reforma de transporte público a través de la presentación de un Plan de Trabajo que defina este esquema.

¿Qué implica la reciente destitución de María Jara como titular de la ATU (Autoridad Autónoma del Transporte)?

Es una decisión compleja, la de modificar el reglamento. Como el derecho tiene un margen de interpretación, es posible que se desarrollen acciones legales interpuestas para tratar de revertir esta decisión (la destitución de la titular de la ATU, María Jara), que es legalmente discutible.

¿El aparente triunfo del sistema de taxi colectivo es la consolidación de la contrarreforma del transporte en Lima y el resto del país?

A ver, no creo que las decisiones que tomamos en el transporte o, por lo menos, de la información que yo tengo, tengan que ver con que se quiera favorecer el taxi colectivo. Lo que sí me queda claro es que hay una crítica pública de los colectiveros y sus abogados para tratar de que este sistema, mejorado de corredores complementarios y el Metropolitano, no continúe.

Mi impresión es que el MTC sí tiene como objetivo de política formalizar el transporte de una manera apropiada y que es en el seno del Congreso en donde hay una fuerte facción de congresistas que apoyan al taxi colectivo interprovincial y también al taxi colectivo urbano. Y, bueno, en este último no han podido reglamentar, por lo que el colectivo es ilegal en Lima.

¿Por qué los taxis colectivos son la solución ilegal a un problema estructural, como señalan los expertos?

La solución al problema del taxi colectivo es urgente porque desde la tercera gestión de Luis Castañeda se dejó de fiscalizar a un servicio ilegal. Este solo existe por la debilidad en la fiscalización. No es porque estén resolviendo un problema de nadie y, más bien, maximizan la congestión.

¿Quién o quiénes tienen responsabilidad política directa por esta ofensiva contra la reforma del transporte?

Lo que veo es que desde que terminó la gestión de Susana Villarán, que duró del 2011 al 2014, tratamos de hacer la reforma en el sector transporte. Luego, Luis Castañeda firmó seis contratos más de los corredores complementarios, pero cancelaron un montón de contratos ilegalmente; y después se detuvo y se ha detenido, hasta ahora. Entonces, la reforma del transporte es inconclusa y no acabada. Está mal implementada.

Si el gobierno actual y la mayoría del Congreso defienden la contrarreforma del Transporte y respaldan a transportistas informales, ¿la suerte está echada?

Yo no creo que el Congreso quiera apoyar a los colectiveros y generar la mayor congestión de tránsito posible. Habrá que ver cuáles son las fuerzas en contra y cómo se define la situación en ese sentido. Y por el lado del liderazgo de los nuevos funcionarios gubernamentales, esperamos que presenten al país un Plan de Trabajo sobre cómo va a ser el nuevo esquema de la reforma del transporte urbano.

Y, por lo tanto, que nos expliquen cómo van a potenciar, mejorar, completar o reemplazar el esquema de corredores complementarios por algo mejor. Eso en este momento me parece lo más importante porque necesitamos una reforma del transporte urbano urgente.

“SUSANA VILLARÁN DEBE ENFRENTAR CONSECUENCIAS POR EL LAVADO DE 11 MILLONES DE DÓLARES”

El también expresidente del directorio de Protransporte de Lima, Gustavo Guerra, afirmó que la exalcaldesa Susana Villarán debe enfrentar las consecuencias de su participación en el presunto lavado de más de 11 millones de dólares de los aportes por parte de las compañías brasileñas Odebrecht y OAS en los años 2013 y 2014.

“Ningún funcionario público debe recibir, bajo ninguna circunstancia, ni un centavo de empresas que están teniendo un contrato bajo su administración. Eso no se debe hacer. Eso no es correcto, eso no es legal y, por lo tanto, ahora la exalcaldesa tiene que enfrentar las consecuencias de haber hecho algo que no es legal ni apropiado para un funcionario público”, sostuvo el exregidor de la pasada gestión de Villarán.