Estados Unidos entrega al Perú al dueño de la casa de Sarratea
Alejandro Sánchez, amigo de Pedro Castillo, evitó su traslado con medida cautelar
La justicia de Estados Unidos entregó a la Policía Nacional del Perú (PNP) al empresario peruano Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la llamada casa de Sarratea, quien había sido capturado en setiembre del 2023, pero cuando estaba a punto de ser embarcado en un avión con destino a nuestro país, su defensa legal presentó una medida cautelar para impedirlo.
Alejandro Sánchez, propietario del inmueble de Breña donde el expresidente Castillo despachaba en las primeras semanas de su gobierno, figuraba como pasajero número 118 en una lista de 142 peruanos expulsados de EE. UU. Sin embargo, el recurso que presentó evitó su viaje y deberá ser resuelto en un plazo de 15 días.
El también financista de la campaña electoral de Pedro Castillo, quien debe cumplir en el Perú 30 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación del caso denominado “Gabinete en la sombra”, permanecerá recluido en el Centro de Detención Del Río, en Texas, hasta que se resuelva la medida cautelar.
El abogado penalista James Rodríguez explicó que la medida cautelar es temporal y que es probable que pronto sea expulsado de EE. UU., ya que fue detenido cuando intentaba ingresar ilegalmente a ese país por la frontera con México.
“La extradición de Alejandro Sánchez Sánchez se verá demorada algunos días más debido a la necesidad de resolver esta medida. Él ha presentado una medida cautelar para detener temporalmente su expulsión”, declaró el jurista. Rodríguez agregó que el caso de Sánchez Sánchez se trata de un proceso de expulsión, no de extradición. “Este procedimiento de expulsión se lleva a cabo cuando una persona intenta cruzar ilegalmente la frontera norteamericana”, añadió.
FORMARÍA PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Alejandro Sánchez Sánchez es investigado por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y colusión. En noviembre del 2022 se le dictó 30 meses de prisión preventiva y esto fue confirmado en marzo del 2023 por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Por ello se ordenó la ubicación y captura a nivel nacional e internacional contra el imputado, sin embargo, luego se supo que había sido detenido en EE. UU.
