En su último discurso de Fiestas Patrias, la presidenta Boluarte arremetió contra Venezuela, Cuba, Bolivia. “Estados fallidos” los llamó, y no le faltó razón. Los tres países, qué duda cabe, lo son. El problema es que, en mi opinión, Perú también es un Estado fallido.
Tan fallido que los servicios del Estado peruano son de lo peor. Me refiero, por ejemplo, a la educación estatal, la salud pública, los servicios de agua y desagüe, la seguridad ciudadana, la infraestructura pública, el sistema de justicia, entre otros. Lo dijo en su momento el recordado Roberto Abusada: la corrupción ha hecho metástasis en el Estado peruano.
Para empezar, habría que preguntarnos cómo llegaron al poder nuestras actuales autoridades estatales, quiénes los eligieron, y la respuesta es clara: nosotros. Los ciudadanos somos directamente responsables de haber elegido a autoridades corruptas e ineptas.
Debemos elegir mejor a nuestras autoridades políticas. Se acercan las elecciones generales de 2026, y meses después, las elecciones regionales y municipales. Dos procesos políticos consecutivos. Primer ejercicio de poder ciudadano: elegir bien.
Segundo ejercicio de poder ciudadano: hacer valer nuestros derechos civiles. Debemos denunciar con firmeza, y en voz alta, los chantajes y maltratos que recibimos de algunos funcionarios del Estado. Ejemplo: médicos que abandonan hospitales públicos en horario laboral para atender en clínicas privadas, funcionarios municipales que extorsionan a comerciantes y empresarios con reglamentos y permisos absurdos, vándalos que bloquean carreteras y apedrean vehículos con niños, mafias de brevetes que operan en el Ministerio de Transportes y en las Direcciones Regionales, y más.
Tercer ejercicio de poder ciudadano: dado que tenemos un Estado fallido y los sistemas de control no funcionan, los ciudadanos debemos asumir el rol de fiscalizadores.
Para ello, a través de la Asociación Cívica del Perú (CÍVICA), desarrollaremos un aplicativo móvil que permita calificar, en tiempo real y de forma sencilla, la atención recibida. Los criterios de evaluación serán: (A) tiempo de espera, (B) cordialidad en el trato, (C) relevancia de requisitos exigidos, (D) pagos requeridos, y (E) eficacia de la atención. Cada criterio será calificado como Excelente, Bueno, Regular, Malo, Deficiente.
Así tendremos una evaluación ciudadana sistemática y masiva, que permitirá ranquear a instituciones y funcionarios públicos según la atención brindada. Publicaremos periódicamente el ranking de los mejores, y los peores.
¡El poder ciudadano en acción!
Saber, por ejemplo, qué instituciones y funcionarios tratan dignamente a los ciudadanos, cuáles nos hacen esperar más de la cuenta, quiénes atienden con cordialidad, quiénes nos tratan mal, qué requisitos son irrelevantes, quiénes son coimeros, y quiénes atienden con eficacia.
Esa es la propuesta: que millones de ciudadanos, mediante un aplicativo móvil, evaluemos sistemáticamente al Estado. Mejor dicho, a sus funcionarios. Incluso, denunciar a los malos y premiar a los buenos, que ciertamente los hay.
Insisto: el Estado no va a corregir el maltrato que sus funcionarios nos brindan. La inseguridad ciudadana, el maltrato en salud y educación, la caótica situación del sistema de justicia, la corrupción en obras públicas, no mejorarán, pese a la existencia de entidades fiscalizadoras.
(*) Exgobernador regional de Ica.
