Ciudadanía. Sociedad civil. Población. Llámenla como quieran. El hecho es que los ciudadanos tenemos que ser más firmes y valientes frente al Estado respecto a la lucha contra la corrupción. La consigna es ¡cero coimas! Asimismo, tenemos que ser más exigentes y rigurosos en cuanto a los servicios que el Estado está obligado a brindarnos. ¡Trato digno y eficiente! Esa es la otra consigna.
Por ejemplo, tenemos que ser mucho más exigentes con nuestras autoridades respecto a nuestro derecho al libre tránsito. El derecho a atenciones hospitalarias oportunas y de calidad para los asegurados del Sistema Integral de Salud (SIS). El derecho de obtener licencias de conducir –sin coimas de por medio– a quienes cumplamos los requisitos y aprobemos los exámenes correspondientes. Etcétera. Etcétera. Etcétera.
Digo esto porque –si bien– el Estado cuenta con sus propios organismos de control, estos no funcionan como debieran. A los hechos me remito. ¡Cómo es posible que por un problema minero –me refiero, por ejemplo, al conflicto en Las Bambas, en Apurímac– se esté bloqueando repetidamente una carretera de uso público! Y peor aún ¡cómo es posible que grupos de vándalos apedree a vehículos particulares, establecimientos comerciales –incluso a la Policía– sin recibir ninguna sanción!
Veamos ahora qué está pasando en Ica. Últimamente –y de manera creciente– estoy recibiendo informes y testimonios de ciudadanos iqueños que dan cuenta del severo deterioro de los servicios y atenciones de los hospitales públicos en la región. Y, en particular, del Hospital Regional de Ica, donde se cobran cupos para ofrecer plazas laborales en el hospital.
¿Qué dicen los iqueños? Pues que nuevamente hay médicos que abandonan los hospitales en horario de trabajo. Y, por ende, de nuevo las colas. De nuevo el maltrato a los pacientes. De nuevo los cupos por puestos de trabajo. De nuevo los negociados con medicinas robadas. En resumen… volvió la corrupción a los hospitales de Ica. Pero ahí no queda la cosa. La mafia de los brevetes está de vuelta en Ica. La Dirección Regional de Transportes se ha vuelto a llenar de tramitadores. Todo Ica lo sabe, S/ 500 cuesta cada brevete. Tal cual el brevete de la hija del Congresista Segura. 100% legal.
Pero eso sí… ¡sin exámenes! Ante ello uno se pregunta, ¿y los órganos de control del Estado? ¡Es una lástima! Lo que tanto costó corregir en la gestión anterior, se ha echado a perder en cuestión de unos pocos meses. Por ello, ante la inacción de los organismos de control del Estado, y ante la evidente corrupción de Gobernadores Regionales, Alcaldes, y demás funcionarios públicos, la ciudadanía tiene que participar más decididamente en desenmascarar a estos sinvergüenzas. Y a los maltratadores, también. Caiga quien caiga. Y le duela a quien le duela.
Este artículo pretende marcar el derrotero del nuevo rol que nos toca a los ciudadanos de a pie. Una ciudadanía participativa y exigente respecto de nuestros derechos civiles. Una ciudadanía confrontacional e intransigente frente a la corrupción en el Estado. Una ciudadanía consciente de que –ante la corrupción y el maltrato– nosotros tendremos que asumir el rol de control y fiscalización de nuestro propio Estado.
¡Hay que rebelarnos! Es el turno de la verdad. Es el turno de la justicia. Es el turno de la ciudadanía.
CILLONIZ.PE
(*) Exgobernador de Ica
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
