La más alta autoridad del sector Economía y Finanzas, recientemente en declaraciones a la prensa, ha manifestado que para el presente año se prevé fortalecer las medidas gubernamentales destinadas a la reducción del déficit fiscal, mediante un adecuado control del gasto y una mejora sustancial en la recaudación tributaria.
Si bien es cierto que permanentemente hay que tratar de mejorar la recaudación fiscal, léase “tributación”, no es menos cierto que no se necesitaría mayor eficiencia en la reducción del déficit fiscal si el Presupuesto General de la República para el año 2025 hubiese cumplido con dos reglas constitucionales básicas en tal materia. Primero, que el presupuesto “debe estar efectivamente equilibrado” (artículo 78) y segundo, que “los representantes al Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos” (artículo 79).
La Constitución señala con meridiana claridad que el equilibrio presupuestal debe ser efectivo, es decir, no se trata de un equilibrio nominal en el que se estiman mayores ingresos de lo que el buen manejo fiscal determina, para equilibrar falsamente mayores gastos. Esto es lo que aparentemente ha sucedido.
Como también hemos dicho en anteriores oportunidades, entre bambalinas, en la Comisión de Presupuesto, al dictaminarse el proyecto presentado por el Ejecutivo, los parlamentarios se las ingenian para aumentar gastos, generalmente con la complacencia del Ejecutivo que no desea roces ni desavenencias con el Poder Legislativo. Los resultados son caóticos, más aún cuando en un año preelectoral es muy probable que las inversiones privadas no aumenten debido a que el ruido político las espanta, sobre todo a las importantes foráneas. No olvidemos, como dijera antaño un buen observador, que el órgano más cobarde del empresariado es la “billetera”.
Adicionalmente, y con responsabilidad compartida entre el Legislativo que aprueba y el Ejecutivo que promulga, están las leyes aparentemente retóricas que, si se ejecutan, generan egresos. Esto a pesar de que los congresistas no tienen iniciativa de gasto.
Como ejemplo están las ya famosas leyes de creación de universidades por doquier, absolutamente inviables, pero que el Poder Ejecutivo promulga con la finalidad de no incordiarse con el Parlamento ni con las poblaciones que serían supuestamente beneficiadas con tales universidades. Esto es solo un ejemplo, pues se podría hacer no solo una columna de opinión, sino todo un diario con las aberraciones normativas a las que nos referimos.
Francamente, considerar que luego de aprobado el Presupuesto General de la República del presente año, con abultados egresos y con ingresos sobreestimados, se vaya a lograr que las reparticiones públicas sean capaces de implantar normas de austeridad, cuando en verdad son voraces en el gasto, no solamente en adquisición de bienes, sino también en contratación de servicios como son las asesorías por doquier y, encima, la contratación de personal bajo diversas modalidades laborales, mofándose de las disposiciones de SERVIR.
Como vemos, el panorama presupuestal no es nada halagüeño y mucho dependerá del celo, energía y mano dura del Ministerio de Economía y Finanzas para revertir la situación.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros.
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