Como cada fin de semana en los últimos tiempos, hemos sido sorprendidos con nuevos audios que ponen en evidencia hechos muy delicados respecto a cómo altos funcionarios del gobierno de Perú Libre están involucrados en hechos de corrupción.
En el nuevo audio se escucha al señor Zamir Villaverde en una conversación con el exministro de Transportes Juan Silva, y de esta conversación se desprende una entrega de “100 grandes” para el presidente, que podrían ser 100 mil soles. Lo más grave es que se hace referencia a que este dinero proviene de una empresa que ha ganado el proceso de licitación para la construcción del puente Tarata. Además, en este mismo audio se escucha que se trata “de un pequeño avance”, es decir, se desprende que la coima será mucho mayor de acuerdo a los contratos que se tendrán que otorgar a estas empresas.
Estamos frente a otro caso vergonzoso pues es increíble que en tan poco tiempo al frente del Gobierno se hayan dado a conocer estos hechos delictivos y, sobre todo, cuando en un anterior audio el propio Villaverde explica cómo se fue planificando el 25 de julio pasado la toma de los ministerios de Transporte, Salud y Vivienda, además de la colocación de funcionarios en puestos claves a fin de conseguir justamente estos contratos.
Todo esto significa que esta gente entró a delinquir y no a gobernar. Y digo delinquir porque ya hubo un reparto de roles de una organización criminal en la que cada funcionario era el encargado de dar las concesiones o licitaciones a las empresas que postulaban para tales efectos.
Ahora, el presidente ha sido citado por la fiscalía para rendir su manifestación el próximo lunes y tiene la obligación de acudir porque ya no es un testigo, su condición ha cambiado a investigado. También es cierto que él (Castillo) tiene derecho a guardar silencio y eso no agrava su situación porque se trata de un derecho constitucional.
Pero si ya tenemos información con lo declarado por Karelim López, Zamir Villaverde y un colaborador eficaz no identificado, se puede llegar a un resultado que sería la concesión a empresas que estuvieron involucradas con el señor Bruno Pacheco, nada menos que el secretario de Palacio de Gobierno.
Ahora queda esperar que la fiscalía fije lugar para tomar la declaración del presidente Castillo, lo más probable es que sea en Palacio de Gobierno.
(*) Exdecano del Colegio de Abogados de Lima
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