El pleno del Congreso de la República ha generado mucha expectativa y ansiedad. Demasiada, quizá. El torbellino tensional desatado a raíz de la segunda vuelta electoral, el tortuoso escrutinio que tuvo al país en vilo y la acrimonia generalizada por las medidas del primer mes de gobierno, convergieron todos en la presentación del primer ministro y su gabinete, para exponer y debatir la política gubernamental, a tenor del artículo 130 de la Constitución Política.
Lo que bien podría ser un mero acto ceremonial adquiere una connotación dramática, por la cuestión de confianza. Un absurdo completo para un país donde el presidente es Jefe de Gobierno. Sólo él brinda confianza a sus ministros cuando los elige y juramenta. A diferencia del parlamentarismo europeo, donde el Gobierno emerge del voto de investidura otorgado por el Congreso. En Alemania, España, Inglaterra o Italia son los parlamentos los que confieren confianza a primer ministro y su Gabinete. Nunca los monarcas o los presidentes. Ellos son únicamente Jefes de Estado y, por tanto, no gobiernan.
Esta anomalía es una de las peores del documento de 1993. Siendo un defecto técnico es una verdadera trampa contra la democracia republicana y, por ende, fuente de gravísimos problemas políticos para la gobernanza. Fomenta la hipocresía entre la oposición parlamentaria, instándola a votar confianza por lo que sinceramente no creen. O, en su defecto, provocar una crisis total de gabinete que afecta la gobernabilidad del país pero, sobre todo, pone al Congreso en trance de su disolución inminente. La distorsión de la cuestión de confianza, al expandirla fuera de lo razonable, permitió a Vizcarra cerrar el Congreso a la mala y gobernar “dictatorialmente” con decretos de urgencia. Y, quizá, a Castillo hacer lo propio.
Por eso Palacio de Gobierno observó sosegado la presentación del Consejo de Ministros. Esparció rumores de cambios ministeriales y entre los congresistas surgió el frenético anhelo que fuera cierto. Justificarían así otorgar la confianza solicitada, contra viento y marea. Pero hoy queda claro que no habrá reemplazos previos. Ello implicaría una derrota política gubernamental, algo absolutamente inaceptable. Los demócratas no advirtieron que Castillo puede alterar su Gabinete, a su gusto, después de la pseudo investidura. Ya no por presión externa, sino porque le viene en gana. Y, por cierto, jamás para alterar la orientación ideológica-política, extremista, como los ingenuos suponen.
¿Y si cayese el Gabinete Bellido? ¿Implicaría un retroceso oficialista? No necesariamente pues –aunque obligado– rearmaría su equipo ministerial, en sus propios términos, ratificando la presencia de los que desee. Ciertamente, sacrificaría a su Premier –que volvería a su escaño parlamentario– pero el Congreso quedaría más frágil que nunca, al estar a un paso de su cancelación.
(*) Constitucionalista
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