Con 13 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
“Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple todos los requisitos de admisibilidad (…) corresponde a esta subcomisión admitir y dar trámite a la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones dentro del marco del debido procedimiento en sede parlamentaria”, acordó el grupo congresal.
De otro lado, el Poder Judicial declaró infundada la demanda presentada por Castillo con el propósito de anular el informe aprobado por los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por presunta traición a la patria, al declarar sobre una posible salida al mar para Bolivia.
En su decisión, el Primer Juzgado Constitucional de Lima determina que “se precisa que el demandante fue elegido constitucionalmente y ostenta el más alto cargo público del país; sin embargo, ello no implica que quede exento del control político (…)”.
