Una comprensible preocupación entre economistas, analistas e inversionistas peruanos ha originado el hecho que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no supervise a los 95 operadores de factoring identificados en el Perú, que han logrado mover al menos 21 mil millones de soles hasta setiembre de este año.
Del total de estas empresas solo 11 cuentan con algún tipo de supervisión por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las otras 84 no tienen control alguno del movimiento de millones de soles que originan, pero se conoce que han negociado casi 190 mil facturas en el mercado nacional.
Por otro lado, durante el primer trimestre del 2022 la empresa de factoring de Chile Latam Trade realizó la adquisición de parte de fondos de inversión peruano, lo que ha generado una real preocupación en analistas financieros y reguladores, debido a que se podría originar concentración y su posible relación con el movimiento en paraísos fiscales internacionales como Andorra o Gran Caimán.
La abogada penalista Liliana Calderón, en una entrevista ofrecida a un diario de circulación nacional, señaló que para que una empresa de factoring tenga como obligación legal reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera debe de estar bajo la condición de sujeto obligado.
Para que esa medida ocurra, explicó la abogada, tiene que pasar por una evaluación de la UIF y considere que ese sector es riesgoso y propenso para el lavado de activo. “Además, esto tendría que pasar por un análisis de la SBS y una sustentación en ese sentido de posibles riesgos”, mencionó.
El mercado del factoring se ha convertido en una alternativa importante para los empresarios de medianas y microempresas que necesitan obtener liquides que les permita seguir invirtiendo, pero no hay duda que este sistema que mueve miles de millones de soles de empresas nacionales y extranjeras debe ser regulado por la Unidad de inteligencia Financiera y la SBS.
