El 2026 será un año electoral por partida doble, pues, además de los comicios generales (para presidente y congresistas) en abril —tema al que ya nos hemos referido en esta columna—, en octubre habrá elecciones municipales y regionales. Más de 25 millones de electores tendrán que acudir dos veces, en siete meses, a las urnas para elegir autoridades en el Perú. Si decidir por qué candidato presidencial marcar en la cédula electoral es difícil, elegir al alcalde y el gobernador regional de cada jurisdicción también es complicado.
Muchas veces, inducida por falsas promesas, encandilada por alguna excentricidad o impresionada por el poder económico de los candidatos, la población se equivoca al elegir y después está arrepintiéndose. Son cientos los alcaldes y regidores, gobernadores y parlamentarios regionales, entre otros funcionarios municipales, que son investigados por el Ministerio Público, están incursos en procesos judiciales o se encuentran en prisión por delitos vinculados a la corrupción y otros, que van desde robo hasta abuso sexual.
No es una exageración, sino un dato objetivo fácilmente demostrable. En las Elecciones Regionales y Municipales 2022, según un informe del portal Convoca, se presentaron 508 ciudadanos que eran investigados por la Procuraduría Anticorrupción por presuntos delitos contra la administración pública. Sin embargo, 83 de ellos fueron elegidos por sus vecinos, a pesar de que acumulan un total de 237 carpetas fiscales y expedientes judiciales. Estas autoridades empezaron sus gestiones el 1 de enero del año pasado y a estas alturas varias ya están en el banquillo de los acusados o en prisión. Otros se encuentran en calidad de prófugos de la justicia y son tan escurridizos que llevan mucho tiempo en la clandestinidad, pese a haber sido incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.
Según la Contraloría, el perjuicio anual que generan la corrupción y las malas prácticas en los Gobiernos locales asciende a 4,362 millones de soles al año, mientras que el perjuicio en los Gobiernos regionales por la misma razón llega 8,842,000 soles. Imagínense cuántos colegios y postas médicas se podrían construir con ese dinero que va a parar cada año a los bolsillos de los alcaldes, regidores y gobernadores corruptos. Y todo eso por el error de los electores al elegir a sus autoridades.
Recientemente, el Congreso aprobó, en primera votación, la reelección de alcaldes y gobernadores, así como la eliminación de los movimientos regionales. Es una decisión cuyo análisis debemos realizar más adelante, antes de la segunda votación en el pleno de la siguiente legislatura. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
