El Perú se aproxima a las elecciones generales de 2026 en un contexto sumamente delicado y alarmante: una grave crisis de seguridad ciudadana, el avance del crimen organizado en regiones enteras y la creciente infiltración de mafias en los gobiernos locales y regionales. Este escenario no solo plantea serias amenazas para la integridad de los comicios, sino también para la estabilidad del Estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos. La falta de una respuesta efectiva por parte del Gobierno ante estas amenazas refuerza la urgencia de adoptar medidas preventivas desde el enfoque de la seguridad ciudadana.
1.- Una democracia bajo asedio criminal
Durante los últimos 15 años, el Perú ha sido testigo del crecimiento del crimen organizado en diversas formas: narcotráfico, minería ilegal, tráfico de terrenos, extorsión y sicariato. Según la Fiscalía de la Nación, más de 226 autoridades electas en las elecciones de 2022 están siendo investigadas por delitos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales. Esto indica que las mafias no solo financian campañas, sino que colocan a sus propios representantes en el poder.
Además, regiones como La Libertad, Puno, Ucayali y el VRAEM han experimentado un crecimiento exponencial de actividades delictivas que se entrelazan con la política, debilitando el sistema democrático desde adentro. Un panorama alarmante: cifras que evidencian la corrupción
La magnitud de la corrupción en los gobiernos subnacionales es alarmante: Según la Procuraduría Anticorrupción, más del 90% de los alcaldes municipales, a nivel distrital o mayor, están siendo investigados por casos de corrupción, y un porcentaje superior al 75% de los gobernadores regionales enfrenta la misma situación.
En los últimos 20 años, al menos 34 de los 135 gobernadores regionales han sido sancionados por delitos o faltas, mientras que otros 57 han sido procesados o investigados por la Fiscalía.
En 2022, se condenó por corrupción a 84 alcaldes y 17 gobernadores regionales, según datos oficiales.
2. Crisis de seguridad ciudadana sin control
De acuerdo con el INEI (2023), más del 85% de los peruanos se siente inseguro en sus ciudades. La violencia urbana, el crecimiento del sicariato y las bandas de extorsión afectan tanto a la ciudadanía como a las propias autoridades locales. Esta situación se agrava por la debilidad de las instituciones del Estado y la falta de liderazgo gubernamental para enfrentar el problema con políticas efectivas de seguridad preventiva.
En los últimos años, Perú ha experimentado un preocupante aumento en los asesinatos de autoridades locales, especialmente alcaldes, en diversas regiones del país. Estos crímenes representan una grave amenaza para la seguridad ciudadana y la estabilidad democrática. Entre los factores que contribuyen a la violencia contra autoridades locales están:
Presencia de economías ilegales: regiones como el VRAEM son conocidas por la producción de coca y la presencia de grupos armados, lo que incrementa el riesgo para las autoridades que intentan implementar políticas de desarrollo.
Conflictos sociales: alcaldes que promueven proyectos de desarrollo pueden enfrentar la oposición de grupos que se benefician del statu quo o de actividades ilegales.
Debilidad institucional: La limitada capacidad del Estado para brindar seguridad a sus autoridades locales deja a muchos alcaldes vulnerables a amenazas y ataques.
El Perú se encuentra en una encrucijada. Las elecciones de 2026 no solo determinarán el futuro político del país, sino que definirán si el Estado puede resistir o ceder ante el avance del crimen organizado.
(*) Presidente de APROSEC.
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