En las actuales circunstancias se hace aún más necesarias las dos reformas constitucionales que mejoren la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y que, además, mejoren la calidad del Congreso de la República, la calidad de su representación, pero sobre todo de sus leyes.
De los tantos perversos legados que dejó el inefable gobierno de Martín Vizcarra, el principal fue el hecho de abusar de las cuestiones de confianza para someter al Parlamento, chantajearlo hasta el punto de disolverlo de manera muy controvertida. El proyecto que desarrollamos en el Congreso, es que solo se podrá plantear la cuestión de confianza por materias vinculadas directamente a la política general del gobierno, por la permanencia del gabinete ministerial y sobre iniciativas legislativas en asuntos de competencia del Poder Ejecutivo en las que la Constitución le reconoce el poder de observarlas y estén relacionadas directamente con la política general de gobierno. En pocas palabras, de aprobarse esta importante reforma constitucional, el Ejecutivo no podrá plantear una cuestión de confianza sobre procedimientos y funciones de competencia exclusiva del Congreso de la República. Tampoco podrá plantear cuestión de confianza sobre reformas constitucionales o leyes ordinarias. Tampoco podrá plantear cuestión de confianza para el voto de investidura del Presidente del Consejo de Ministros, porque este desaparecerá. Es decir, una vez nombrado por el Jefe de Estado el Presidente del Consejo de Ministros, este tendrá hasta treinta días para exponer su política de gobierno ante el Parlamento, luego del cual se abrirá un debate en el Congreso, más nada. Desaparece allí la cuestión de confianza, (porque se entiende, como lo señalaban las anteriores constituciones políticas anteriores a la de 1993) que la investidura se la da el propio primer mandatario, sobre todo al ser nuestra carta magna la de un sistema semipresidencialista, o presidencialista atenuada.
Con todas estas necesarias reformas, creemos que evitaremos cualquier convulsión política o inestabilidad sistémica, que promueva el caos o deteriore la fortaleza del primer poder del estado que es el legislativo, fundamentalmente, en estos momentos que se avizoran propuestas totalitarias, antidemocráticas del comunismo marxista.
La reinstauración de la bicameralidad va por ese mismo camino, no solo porque se mejora sustancialmente la calidad de las leyes y de una mejor representación, sino que el Senado en sí será una institución indisoluble que, ante la disolución constitucional de la cámara de diputados efectuada por el ejecutivo, seguirá trabajando; luego entonces se elige la nueva Cámara de Diputados y se empareja con el Senado. De este modo, el Congreso no se paraliza ni disuelve y continúa bajo la batuta de los senadores.
Asimismo, está acreditado estadísticamente que cuando no existe Senado, como ahora, las leyes emanadas por el Congreso unicameral son observadas por el ejecutivo diez veces más que cuando existe la doble cámara. El Senado trae reflexión, consulta, y una visión de estado, una visión nacional, que no lo tiene el parlamento unicameral, que es más regional, populista y apresurado. No seamos preciosistas o populistas ante la inminente vuelta del Senado, ahora, fundamentalmente, que se avizoran amenazas dictatoriales de la extrema izquierda, que han advertido traerse todo lo avanzado en crecimiento económico e institucional.
(*) Ex vicepresidente y Congresista de la República
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