Hay fallos judiciales que generan indignación y cólera en la colectividad y en donde lo más fácil es echarle la culpa al Poder Judicial. Sin embargo, el sistema de justicia peruano no solo está integrado por el Poder
Judicial, sino también por la Policía Nacional y Ministerio Público. Cada una de estas tres instituciones tiene funciones definidas.
La Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y participes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal.
Por su parte, el Ministerio Público es el titular del ejercicio de acción penal y actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. Es quien conduce desde su inicio la investigación del delito y, dado el caso, realiza acusación ante el Poder Judicial de acuerdo a los elementos de convicción que reunió.
Entre tanto, la función del Poder Judicial es impartir justicia, garantizar los derechos fundamentales, dirigir las audiencias y resolver los recursos presentados por las partes (Ministerio Público, abogados defensores, Procuraduría, etc.), así como velar por la transparencia de los procesos.
Pese a las funciones de las instituciones que conforman el sistema de justicia están claros, muchos por desconocimiento o, en algunos casos, por razones subalternas, buscan culpar de los fallos que generan ciertas controversias al Poder Judicial cuando son otros los responsables.
Ejemplos donde la colectividad manifestó su indignación y cólera contra el Poder Judicial existen en decenas. El caso más reciente aconteció el 29 de agosto de 2023, cuando la Primera Sala Penal de Apelaciones de
Ucayali anuló la sentencia del 27 de febrero de mismo año que condenó a 5 madereros a 28 años de cárcel
por la muerte de 4 líderes indígenas de Alto Tamaya Saweto.
Según los magistrados, el Ministerio Público no vinculó los medios probatorios para acusar a los imputados. Esta decisión como era obvio generó indignación en los deudos de las víctimas, incluso en las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Actualmente el caso Saweto se encuentra por segunda vez en etapa de juicio oral, el cual debe culminar en enero del 2024. El papel del Ministerio Público durante el proceso judicial es vital para encontrar justicia. Por eso preocupa que cada vez las deficiencias fiscales sean más recurrentes.
El Ministerio Público para los casos más emblemáticos debería designar a los fiscales más experimentados para asegurar que la investigación cumpla con todos los presupuestos y así obtengamos justicia.
(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali
