Tal como lo hemos manifestado anteriormente, la declaratoria de emergencia en Lima Cercado y Lince no es la solución para evitar que continúe la inseguridad en nuestro país.
Lo real y concreto es que el Ejecutivo no tiene estrategia o planes para combatirla y a la Policía no se le otorga el presupuesto que requiere para llevar a cabo las funciones que la Constitución le asigna.
Esto es, ‘tiene la finalidad fundamental de garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia’.
La Policía no está en condiciones de garantizar, mantener y restablecer el orden interno si no tiene personal y carece de patrulleros y motos Sagasti, Vizcarra, Castillo y Boluarte tienen responsabilidad. El primero pasó al retiro a 20 generales de la PNP; y todos los nombrados desmantelaron el servicio de inteligencia de la entidad policial.
El personal más capacitado y con gran experiencia fue enviado a su casa, y colocaron en su lugar a policías para que les informen sobre lo que sucedía en contra de ellos y no sobre nuestro país.
Ante la falta de personal capacitado en inteligencia de la Policía, es el rechazo de la ‘burla pública’ de Vladimir Cerrón en contra de sus miembros y la imposibilidad de su captura. Recordemos el caso de Pedro Castillo con lo sucedido a Jenifer Paredes, cuando era buscada por la Policía y estaba escondida en Palacio de Gobierno; y ante esas ínfulas de Cerrón sobre la incapacidad de los integrantes de dicha institución, podemos pensar que altos miembros del Ejecutivo lo están protegiendo por lo sucedido anteriormente.
Lo preocupante es cómo viene actuando el Congreso para proteger descaradamente a algunos de sus miembros a quienes se les imputa la comisión de actos delictivos; asimismo, funcionarios del Ejecutivo, gobernadores, miembros de algunas municipalidades verificando que no hacen nada a favor de sus electores.
La forma cómo viene actuando el Congreso de la República respecto a las ilegales autorizaciones para que viaje la presidenta a Dina Boluarte, estamos como dice el dicho: “toma que te doy”, haciendo gala del acuerdo que existe entre ambos poderes, con la única finalidad de seguir permaneciendo en sus cargos los integrantes de ambos poderes.
No les interesa el bienestar de los peruanos; máxime, cuando somos testigos que nuestro país está en una debacle económica, con incremento de la corrupción e inseguridad ciudadana.
Cuántos millones de soles nos cuesta a los peruanos el viaje de Boluarte con su comitiva y periodistas invitados. Bien pudo servir para comprar patrulleros y motos que tanto necesita la Policía.
*Abogado penalista
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