En cada rincón del Perú, el grito por mejores servicios públicos, infraestructuras dignas y oportunidades de desarrollo resuena con una frustración creciente. Sin embargo, a pesar de los recursos que ingresan a las arcas del Estado, la promesa de progreso se diluye, a menudo, en un concepto tan doloroso como familiar: el libertinaje del presupuesto público.
¿Qué es, en esencia, este «libertinaje»? Es la falta de disciplina, la ineficiencia crónica, la corrupción sistémica y la ausencia de rendición de cuentas que carcomen nuestros fondos públicos. Es el uso irresponsable de cada sol aportado por los contribuyentes, desviándolo de su verdadero propósito: el bienestar de la ciudadanía.
Las manifestaciones de este libertinaje son múltiples y devastadoras: Proyectos Inacabados o Sobrevalorados: Carreteras que no llegan a ninguna parte, hospitales sin equipamiento, colegios a medio construir. Obras que se licitan, se paralizan y, al final, cuestan dos o tres veces su valor inicial, sangrando los recursos que podrían haberse destinado a necesidades urgentes.
Decisiones Políticas sobre Criterios Técnicos: Como hemos visto en debates recientes sobre entidades cruciales como las Cajas Municipales, la tentación de la intromisión política en la gestión técnica es una constante amenaza. Cuando los criterios de eficiencia y profesionalismo son reemplazados por intereses particulares o de campaña, el presupuesto se convierte en una herramienta de reparto de favores, no de inversión pública.
Falta de Fiscalización Efectiva: Existen leyes, como la que obliga a destinar porcentajes a la accesibilidad para personas con discapacidad (Ley #32139), que son sistemáticamente ignoradas o malversadas. La ausencia de mecanismos de control y penalización contundentes convierte estas asignaciones en papel mojado, dejando a las poblaciones más vulnerables en el olvido.
Clientelismo y Nepotismo: La contratación de personal sin mérito, la creación de puestos innecesarios y la asignación de recursos a proyectos que benefician a unos pocos, son prácticas que drenan el presupuesto y minan la confianza ciudadana.
Las consecuencias de este libertinaje son catastróficas. Socava la fe en las instituciones, frena el desarrollo económico y social, ahonda las brechas de desigualdad y empuja a la población a una desesperanza peligrosa. No podemos aspirar a un Perú desarrollado, con equidad y justicia, si su principal motor de inversión —el presupuesto público— es manejado con tal irresponsabilidad.
Es hora de pasar de la indignación a la acción. Exigir transparencia total, implementar mecanismos de control y fiscalización independientes y robustos, penalizar severamente la corrupción y la ineficiencia, y priorizar la meritocracia y la gestión técnica sobre cualquier interés político. El presupuesto público no es una piñata; es el futuro de nuestro país. Protegerlo de este libertinaje es una obligación moral y estratégica para todos.
(*) Comunicadora digital, filósofa, periodista colegiada, docente, empresaria, estratega, mujer política del siglo XXI.
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