El Gobierno debe de respetar la institucionalidad de la Derrama Magisterial

Desde hace años que la Derrama Magisterial viene siendo atacada a través de congresistas y otros operadores, pretendiendo la administración de la misma con fines subalternos ligados a grupos afines a Sendero Luminoso. Desde la huelga magisterial que ocurrió en el 2017 las intenciones de estos mal llamados «moralizadores» han sido formalizar nuevos sindicatos, con el único fin de hacerse de los recursos de esta institución cuyo patrimonio está valorizado en 3,000 millones de soles.

El Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, que modifica la conformación del Consejo Directivo de la Derrama Magisterial, es un instrumento para que finalmente gentes con intensiones no muy transparentes, pretendan desarticular el buen trabajo que viene realizando el actual directorio y la administración de esta institución que tiene un fin privado.

Ya en el pasado, congresistas del ollantismo pretendieron —a través de comisiones como la de Fiscalización y de Trabajo del Congreso— controlar la administración que si bien es cierto tiene fines privados, también es cierto que por las prestaciones que realiza debe de ser supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). La Constitución es clara, el Estado no puede entrometerse en asuntos que son privados.

Claramente Luis Espinoza —que es el presidente del Directorio de la Derrama Magisterial— afirma lo siguiente: «(…) Es un atentado al sistema de previsión social del maestro, es un atentado a su fondo previsional. Es totalmente inconstitucional, porque somos una empresa privada, tenemos nuestro propio estatuto que rige el destino de la Derrama Magisterial y, dentro de ella, el único organismo que puede hacer cambios del Estatuto es justamente el Directorio (…)». El único camino que tendrán que tomar los directivos de la institución será la vía del TC, a fin de establecer la inconstitucionalidad de este absurdo decreto y así impedir que este tenga algún efecto. Esperamos que las autoridades del Tribunal Constitucional se pronuncien a favor de las libertades empresariales.

En una entrevista en una radio local, el ministro de Educación pretendió justificar su decisión y hasta perdió los papeles —sabiendo que su decisión no era correcta— y acuso a la prensa de desinformar a la población: «(…) No crean que yo soy ingenuo, sus preguntas lo que tratan es de desvirtuar ante la opinión pública que nosotros estamos interviniendo, que estamos quitando el dinero (…)». Es lo mismo que le decimos desde esta columna al ministro Rosendo Serna, que los peruanos no somos ingenuos.

Sus pretensiones de «democratizar» la representación de los aportantes se hacen en las urnas cada dos años, cuando los directorios son electos en elecciones transparentes y no al caballazo. En los países donde se ha «democratizado» las instituciones han fracasado los procesos porque siempre se eligen a dedo y se pretende imponer a personas que con fines políticos buscan manejar las instituciones, obviando todo criterio técnico. En todo caso, el ministro de Educación debe de dar un paso al costado y debe derogarse este decreto. Aquí nada de las mal llamada «democratizaciones»

(*) Analista económico

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