
Las políticas públicas expresan los principales objetivos del Estado para alcanzar ciertos fines en lo social y económico. El gasto público es la cuantía monetaria que desembolsa el sector público para la atención de prestaciones de diversos servicios públicos, los cuales tienen su fuente de financiamiento, una de ellas es a través de la recaudación de impuestos.
Existe una mala distribución de las medidas adoptadas por el Gobierno en el gasto sanitario; asimismo las medidas de distanciamiento social necesarias para controlar la transmisión del virus que incluyen la suspensión de actividades y cuarentenas, tienen consecuencias de pérdidas de empleos y de ingresos, congelando el comercio, desarrollo de la industria, particularmente afectados los trabajadores informales.
Claro está que la crisis sanitaria reducirá el crecimiento del PBI, en tanto, lograr la reactivación económica es muy importante pero se debe de priorizar en ejecutar un gasto eficaz para la salud pública; para ello es necesario elaborar un presupuesto eficaz basado en implementar adecuados protocolos sanitarios que permitan controlar el virus y su propagación. Al respecto, se debe de evaluar la efectividad de las medidas de confinamiento dentro de la evolución de la pandemia del Covid-19, debiendo cautelar su eficacia y rapidez en su implementación a fin de valorar su capacidad de contrarrestar los efectos negativos de la crisis sanitaria.
Ante lo expuesto, considero que a nuestros gobernantes les resulta difícil abordar políticas certeras en salud pública, resistiéndose a las recomendaciones de expertos, siendo que al mismo tiempo los intereses económicos del Gobierno han ejercido prioridad sobre los problemas actuales de esta pandemia, mientras tanto el Covid-19 sigue expandiéndose a gran velocidad. La gestión del Gobierno debe orientarse en iniciar un foro, que busque implementar un trabajo activo con medidas de prevención y mitigación del Covid-19 para llegar a todos los segmentos de la población.
Finalmente añado que el Estado debe de dotar un mayor gasto en infraestructura en hospitales, postas médicas, y priorizar la compra de una vacuna eficaz para la población, promoviendo sistemas integrales y universales de acceso a la salud pública y a la protección social. Un menor gasto en la salud pública debilita la respuesta de capacidad ante la propagación del covid-19.
(*) Especialista en Tributación y Política Fiscal. Investigadora Jurídica. Asesora Legal de Mypes y de Empresas.
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