El Ejecutivo y el Congreso no pueden ni deben reformar el sistema de justicia, porque un buen número de sus integrantes no tiene calidad moral e intelectual para llevarlo a cabo. Para llevar adelante una reforma, hay que conocer la realidad de manera objetiva, lo que no sucede por parte de los “reformadores” y menos sus asesores. La mejor evidencia son las leyes que aprueban y promulgan, algunas inconstitucionales, incoherentes y contradictorias con las existentes.
En estos últimos meses, verificamos con indignación leyes aprobadas y promulgadas por el Congreso de la República y el Ejecutivo para favorecer a los delincuentes (cerca de 80 delitos han sido retirados de la categoría de organización criminal). Asimismo, se dictó una ley para que los jueces no puedan detener a quienes han cometido delitos y tengan entre 18 y 25 años de edad. Han legislado respecto a las resoluciones que disponen pasar a juicio oral, luego del control de acusación, que es apelable y tiene la finalidad de favorecer a delincuentes para conseguir la prescripción de la acción penal.
El Ejecutivo ha promulgado un Decreto Legislativo que dispone que condenados a un máximo de 10 años de pena privativa de libertad se beneficien con la obtención de libertad. Esto no da seguridad, ya que avezados delincuentes están en las calles. Para desgracia nuestra, el Ejecutivo, bajo el pretexto de descongestionar las cárceles, dispone que salgan en libertad más delincuentes. ¿Cuántas leyes y decretos legislativos han sido aprobados por estos poderes del Estado que favorecen a los delincuentes? El Código Penal ha sido modificado cerca de 800 veces. Cuando se promulgó en 1991, elaborado por técnicos, tenía solo 452 artículos.
Los cambios se han basado en razones políticas, coyunturales y carentes de técnica jurídica. Los peruanos necesitamos medidas de seguridad efectivas y no efectistas. Es necesario y urgente, ante la inoperancia e indiferencia del Ejecutivo y Legislativo, porque están más preocupados por permanecer en sus cargos para seguir cobrando sus sueldos y algunos incurriendo en actividades ilícitas, como es de público conocimiento, olvidándose de la seguridad de los peruanos. Consideramos que debemos recurrir a los expertos, es decir, convocar a los exmiembros del GEIN, a los exintegrantes del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la policía que fueron enviados al retiro por los gobiernos de Sagasti, Vizcarra, Castillo y Boluarte, para que asesoren a la policía a fin de combatir la criminalidad (sicariato, extorsión, secuestro), que tiene como máxima sanción cadena perpetua.
Se debe convocar al Colegio de Ingenieros y Arquitectos para que proyecten y elaboren planos para la construcción de centros educativos, hospitales y cárceles en los terrenos que el Estado debe designar con carácter de urgente, mediante el canje de trabajo por impuestos. Solicitar a la empresa privada que ejecute la construcción de las mismas mediante canje por impuestos, sin la intervención de funcionarios públicos, para evitar corrupción. Igualmente, mediante canje por impuestos, no deben permanecer indiferentes ante la grave situación en la que se encuentra el país, ante la desidia de integrantes de los poderes del Estado.
(*) Exdecano del CAL
